La caza de ñoquis heredados de la gestión Ríos que ha emprendido el nuevo gobierno encontró a los talleristas del área de Cultura como primer objetivo, se evidencia a través del despido de al menos 250 de ellos, sin previo aviso, según se conoció ayer.
Las denuncias de reparto irregular de horas cátedra bajo el gobierno de Ríos quedaron definitivamente en la impunidad pero la gestión de Bertone parece encarar ahora el tema despidiendo gente a discreción aunque prometiendo analizar luego cada situación en particular.
Un grupo de afectados que reclaman haber sido dejados sin trabajo de un día para el otro “a pesar de que no somos ñoquis, sino que realizamos una tarea de formación cultural”, por la cual cobraban con horas cátedras, obtuvieron una reunión con el secretario de Cultura, el ex gremialialista Hugo Santos, quien les prometió una “propuesta alternativa lo antes posible”.
“El objetivo es contar con una Ley que resuelva la situación de precariedad de los talleres y terminar con una modalidad de reparto de horas cátedra varias veces denunciada por irregularidades”, se argumentó desde el actual gobierno.
“Se trabaja en la elaboración de un nuevo encuadre normativo que abarque no sólo el trabajo de los talleristas, sino también a otras iniciativas que pretende llevar adelante la Secretaría de Cultura” argumentó Santos, al explicar que “La gobernadora Rosana Bertone tomó la decisión de dar un corte definitivo al cuestionado esquema de horas cátedra, cuyas irregularidades fueron denunciadas varias veces hasta por los propios trabajadores y avanzar hacia una figura nueva que responda a las necesidades de los talleres, pero también a las necesidades de la Secretaría de Cultura”.
“Obviamente que sentimos incomodidad por este tiempo que demorará encontrar la solución definitiva a una situación de fragilidad permanente que tienen los talleres” admitió el funcionario, quien prometió ante los atribulados ex talleristas que “el Gobierno trabajará con la mayor celeridad para dar forma a una modalidad que quede establecida por ley”.
“No había otra forma de reordenar esto que no fuera dando un corte definitivo a una situación de irregularidades que se venía dando hasta ahora y que fue denunciado por el mismo sindicato, por la legisladora Laura Rojo y por un dictamen del Tribunal de Cuentas”, refrescó el flamante funcionario, olvidando aclarar que todas las denuncias fueron acalladas por razones no explicadas, tan rápido como surgieron.
“Los mismos trabajadores han planteado casos de gente que cobraba horas cátedra sin estar en la provincia”, siguió exponiendo Santos, quien expresó a sus interlocutores que “En esta situación de irregularidad bastante grotesca había dos opciones: o las horas se bajaban y no hay ninguna solución; o las horas se bajan y hay una solución que va a demorar un poco de tiempo, que vamos a tratar que sea lo menor posible, para que los talleres vuelvan a funcionar”.
La información entregada por el gobierno provincial asegura que el funcionario logró “tranquilizar” a los despedidos, pero la versión de los integrantes de la comitiva que anoche volvió de Ushuaia a Río Grande deja ver todo lo contrario, que encontrarse con un fin de año en carácter de desocupados está muy lejos de hacerles sentir tranquilidad.
Lo cierto es que la necesaria caza de ñoquis ha comenzado de la manera menos reflexiva, las horas cátedra son puestas en tela de juicio cuando Fabiana Ríos está lejos, muy a salvo de ser interpelada y en la intención de poner en orden las cosas, parece que en muchos casos van a pagar justos por pecadores.
Cabe esperar que el desalojo de los ñoquis de la administración no tenga como correlato inmediato la incorporación de nuevos beneficiarios, tan irregulares como algunos de los que se van pero con el beneficio de inventario de ser amigos de los nuevos funcionarios.