La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría rechazó por «falta de legitimación» del demandante, pero sin pronunciarse sobre el fondo el tema, el planteo de un abogado para que los votos «en blanco» sean contabilizados en las elecciones del 25 de octubre.
El letrado fundamentó su petición a los efectos de establecer los porcentajes de cada candidato en las elecciones presidenciales.
La jueza no se pronunció sobre el fondo del planteo, sino que decretó que el abogado denunciante, Isaac Wieder, carece de «legitimación» para intervenir en el expediente, informaron fuentes judiciales.
Wieder invocó su calidad de «elector» para pedirle a la Justicia que establezca la contabilización de esos votos con incidencia en los porcentajes finales.
Pero Servini de Cubría replicó que «la calidad de ‘ciudadano elector’ invocada por el accionante no es suficiente a fin de habilitar esta instancia judicial, en tanto el actor no demuestra cuál es el perjuicio actual y concreto que sufre en el goce de los derechos que la Ley Fundamental le otorga».
«Siendo la legitimación uno de los requisitos para ejercer la acción, corresponde recordar que para que el Juez pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión traída a su conocimiento, en forma previa, deberá examinar si se cumplen las condiciones de la acción, entre ellas, la que aquí nos ocupa, es decir la legitimación activa del accionante», advirtió la jueza.
En ese contexto, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, expresó que «si el actor -tal como ocurre en la especie- carece de legitimación, no corresponde que la jurisdicción emita opinión sobre el mérito de la pretensión que da origen al reclamo».
Wieder sostiene que el voto en blanco debe ser contabilizado como «afirmativo» porque «es un grito de impotencia legalmente expresado en las urnas».
El letrado tiene una extensa carrera jurídica, en la cual cumplió, entre otros roles, el de defensor del supuesto traficante de armas Diego Palleros. También realizó numerosas denuncias y presentaciones judiciales, como la que pedía clausurar el Palacio de Tribunales por presuntas deficiencias en la seguridad edilicia.
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