Los rumores de que hay sectores dentro de la fuerza que han mal utilizado su posición para llevar adelante espionaje ilegal vienen desde hace ya varios meses. Las versiones circulaban desde sectores con férrea oposición a algunas áreas de la Policía. TiempoSur accedió a testimonios, filmaciones, fotografías y audios, que darían cuenta de una ilegalidad que salpica a la fuerza santacruceña.
Santa Cruz tuvo una mala experiencia con este tipo de prácticas que se dan en la opacidad absoluta del Poder Judicial, e incluso del propio Gobierno que terminó optando por desactivar el DIP (Departamento de Informaciones Policiales) que durante mucho tiempo hizo espionaje a trabajadores y actores sindicales.
El año pasado y por Tiempo FM, un efectivo denunció públicamente que en cierta ocasión, le tocó escuchar una conversación de algunos de sus pares pergeñando el “secuestro” de los hijos de Paola Knoop, a instancias del auto-acuartelamiento de 2012.
Hechos como ese, no fueron investigados pero si forman parte de los dimes y diretes de distintos grupos de policías a lo largo y ancho de la provincia. Todo se denuncia públicamente; Hasta entonces, nada hacía prever que hubiera registros de tales actos.
Sin embargo, TiempoSur accedió a varios testimonios de efectivos policiales que dicen haber incluso sido parte de aquellas actividades, desconociendo en algunos casos que las mismas no contaran con orden judicial. “Eran ordenes” indicaron.
Así, este medio accedió a varias secuencias de fotografías que serian producto de seguimientos a empresarios a los que por el momento dejaremos en el ostracismo. En las imágenes se ve cómo los presuntos agentes, que al parecer eran enviados por referentes de un organismo policial, fotografiaban a sus víctimas en restaurantes, sus viviendas, a los vehículos que se estacionaban en sus casas, en reuniones con conocidos e incluso en el casino.
Se presume que la idea de perseguir prácticamente las 24 horas a determinados empresarios adinerados era quizá, encontrarlo en alguna situación que lo pudiera comprometer y así extorsionarlos.
La cantidad de audios que circulan al respecto es monstruosa. En ellos se puede reconocer fácilmente las voces de varios dirigentes policiales hablando con absoluta naturalidad sobre estas prácticas e incluso sobre quienes hacían los “encargos”. Nombres de políticos de diferentes partidos son mencionados pero también los hay de aquellos que pagaban por el servicio de seguimiento.
De hecho, uno de los ejemplos más claros que podría mencionarse sobre las filmaciones por encargo con fines políticos sería el de las imágenes que tienen que ver con el FPV y empresarios cercanos, las que incluso, según dijo una fuente a TiempoSur, fueron a pedido de dirigentes de la oposición. Son imágenes que el canal de cable TN habría trasmitido en varas ocasiones.
Durante estos meses, las denuncias al respecto de estos hechos tienen un gran tráfico en las redes sociales, en las que muchos policías se muestran disgustados con el presunto proceder de un grupo que aporta opacidad a la imagen de la fuerza de seguridad provincial.
En Santa Cruz el DIP ya no existe, y lo que se presume es que quienes tras su desguace comenzaron con estas actividades forman parte de organismos creados a partir de los primeros pasos que dio a la provincia en pos de la “democratización” de la fuerza.
Sin embargo, la historia del DIP era diferente, ya que su utilización servía al Gobierno, aportando información clave para tener un ojo en los movimientos populares o en reclamos de los trabajadores.
Todo se remonta a noviembre de 2011, cuando el diario Página 12 dio a conocer la denuncia judicial que pesaba contra gendarmes que se “entremezclaron en la multitud vestidos de civil para identificar a los cabecillas” de diferentes protestas, destapándose la existencia del “Proyecto X”, una unidad especial del organismo de seguridad que hacía inteligencia de manera ilegal contra trabajadores y militantes de distintas organizaciones.
Los gendarmes tomaban numerosos datos y después preparaban un reporte, pero uno de estos reportes fue utilizado en su juicio y las organizaciones sociales y sindicales denunciaron ante el juez Norberto Oyarbide que estas tareas de inteligencia violaban la Ley de Inteligencia Nacional.
En medio de la conmoción, dirigentes santacruceños tuvieron eco al denunciar que ese sistema también se aplicaba en Santa Cruz, y si bien no se llamaba “Proyecto X”, la base de datos sobre civiles “marcados” existía.
Los responsables de llevar adelante esta labor eran los agentes afectados al DIP de la Policía de Santa Cruz que debían recolectar “archivos de información básica: gremial, política, religiosa, educacional, periodística, asociaciones intermedias, comercio, transporte, etc”.
El DIP funcionaba con un reglamento interno, contrario a la Ley de Inteligencia Nacional, Nº 25.520, que prohíbe toda investigación sin autorización judicial.
Sin embargo, en marzo del 2012, el Gobierno de Daniel Peralta tuvo que responder públicamente a la Mesa de Unidad Sindical y reconocer que el reclamo hecho por sus integrantes, respecto de que estaban siendo objeto de espionaje, tenía asidero.
En consecuencia, el Gobernador ordenó la supresión del Departamento de Informaciones de la provincia que estaba bajo la órbita del comisario Alejandro Martín.
Para que nadie dude de que en mi Gobierno se respetan los derechos constitucionales”, había dicho el mandatario en ocasión de anunciar el cierre del DIP, cuya vigencia prevaleció el advenimiento de la democracia porque su creación se dio en los ’70, cuando el Gobierno de Facto buscaba “subversivos”.
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