El defensor público de la ciudad de Esquel, Fernando Radziwilowski, descubrió un archivo digitalizado con fotos, nombres y actividades de un grupo de vecinos de esa ciudad. La información fue recopilada por la fiscalía local en una causa contra integrantes de la comunidad mapuche.
La mayoría de los vecinos espiados son activistas que integran la Asamblea No a la Mina de Esquel, que lucha por frenar los proyectos mineros en la Patagonia argentina.
El propio Ministerio Público Fiscal reconoció haber recibido la información por parte de un agente de inteligencia.
La persona es integrante de un organismo nacional tiene una protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que ha suministrado”, aseguró el fiscal Fernando Rivarola.
El caso explotó en el marco de una causa por usurpación que la empresa multinacional Benetton inició contra la comunidad mapuche que reclama sus tierras. Radziwilowski, que defiende a esa comunidad, dio a conocer el hecho y expresó su preocupación por el “tono persecutorio” de los informes encontrados en el expediente.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó un comunicado en el que señala que “en lugar de abordar el conflicto de fondo, la disputa entre la comunidad mapuche y la empresa Benetton por la posesión de las tierras, la estrategia fue criminalizar a los activistas”.
El Concejo Deliberante de Esquel pidió que Parrilli explique por qué vigiló a vecinos en el conflicto que los mapuches mantienen con la multinacional Benetton.
La Legislatura expresó un fuerte repudio a las denuncias de espionaje que se habrían llevado a cabo en ciudad de Esquel a periodistas, militantes y activistas sociales. Asimismo hubo fuertes cuestionamientos al papel del Procurador General, Jorge Miquelarena, a quien se lo instó a que dé a conocer la persona que hizo inteligencia interna y que avance en su procesamiento.
Por su parte, desde el bloque Chubut Somos Todos, se acompañó el repudio de los hechos ocurridos y además se hizo un pedido de informes (aprobado por la Cámara) en el cual se requiere al propio gobernador Martín Buzzi que dé explicaciones sobre los hechos ocurridos y que, en caso de tenerla, brinde información sobre el espionaje que se filtró en la zona cordillerana.
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