El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, confirmó la declaración de la emergencia ambiental y sanitaria en la ciudad por 60 días con el objetivo de poder garantizar los servicios básicos a los vecinos, y que fueron suspendidos ante la prolongada medida de fuerza que encabezan los afiliados del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) en demanda de un aumento del 15 por ciento.
El abandono que tuvo la ciudad se fue agravando con el tiempo, en un principio habíamos logrado comenzar a realizar la limpieza, a acomodarla, pero por la complicación que causó el bloqueo del vaciadero y otras situaciones, estuvimos brindando un funcionamiento deficiente del servicio, que si Dios quiere estaremos normalizando la semana que viene”, dijo Grasso la confirmar la medida de declarar la emergencia ambiental y sanitaria.
Además confirmó que a través de la firma de un convenio que se rubricó con las autoridades locales del Ejército Argentino se realizan labores por durante 30 días en la nivelación y perfilado de calles en los barrios San Benito, Bicentenario I y II, Padre Olivieri, Los Álamos, y otros sectores esto se llevará a cabo con maquinaria pesada como motoniveladoras, topadoras, retropalas, y camiones.
También confirmó el apoyo de los entes estatales como Servicios Públicos, Vialidad Provincial, y Protección Civil.
El secretario de Gobierno, Jorge Cabezas informó que el juez Francisco Marinkovic ha dictado una serie de medidas que progresivamente tienen como propósito “calmar las aguas” ante el prolongado conflicto salarial con los afiliados del SOEM para que el municipio continúe brindando los servicios esenciales.
El diputado Carlos Albrieu había presentado al intendente Grasso, una nota solicitando la declaración de la emergencia ambiental, por el “tiempo de persistencia del daño”, a partir de “la grave situación” que presenta Río Gallegos, producto del prolongado conflicto salarial entre el Ejecutivo Municipal y el gremio del SOEM.
El legislador oficialista explicó que “esta iniciativa había sido abordada con integrantes de la gestión anterior en reiteradas oportunidades, sobre todo cuando comenzamos a ver la acumulación de residuos en los primeros días del paro, pero el criterio de las autoridades locales fue considerar que esta medida no era necesaria”, interpretando Albrieu que “apostaban en aquellos días a que se destrabaría el conflicto”.
En base a ello, agregó que “ya vimos que las cosas no fueron así, y no sólo se siguió acumulando basura, sino que se agregó algo aún más peligroso, cosa que comuniqué oportunamente, como los líquidos cloacales, por lo que se reiteró el pedido ante la actual gestión, y con la predisposición del actual intendente, pudimos formalizar la presentación, que seguramente será respondida en los próximos días”.
Albrieu pretende “asegurar el derecho a la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano en los términos del Artículo 41° de la Constitución Nacional”, e invocando la Constitución Provincial, en su Artículo 57°, que establece que “la Provincia velará por la higiene y salud pública”, y el Artículo 73°, que garantiza que “toda persona tendrá derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo personal”.
La Federación Económica de Santa Cruz se mostró a favor de la declaración de la emergencia ambiental en la ciudad, mientras que algunos concejales se mostraron en contra.
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