Un colombiano de 79 años aquejado de un cáncer que le causaba terribles dolores y le había desfigurado el rostro fue sometido hoy a la primera eutanasia legal que se realiza en América Latina, donde es un asunto que sigue siendo tabú en la mayor parte de los países.
El procedimiento aplicado a Ovidio González en un centro oncológico de Pereira (centro de Colombia) fue posible gracias a que desde abril pasado existe en Colombia un protocolo para la muerte asistida elaborado por el Ministerio de Salud por orden de la Corte Constitucional.
Según el protocolo, al enfermo que cumple con los requisitos para la muerte asistida se le aplica simplemente una potente sedación.
Ningún otro país de América Latina llegó hasta aquí tan lejos en el derecho a una muerte digna, algo que contrasta con la liberalidad demostrada por algunos países de la región respecto a otros asuntos también polémicos como el aborto, el matrimonio homosexual y la despenalización de las drogas.
«Señores Oncólogos de Occidente S.A. Yo, José Ovidio González Correa, con 79 años de edad, en uso pleno de mis facultados mentales y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me realice la eutanasia. La anterior solicitud la hago bajo la gravedad de juramento, con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi derecho fundamental a morir dignamente», escribió el enfermo cuando solicitó el procedimiento que hoy le produjo la muerte.
González tenía programada la eutanasia inicialmente para la semana pasada, pero a último momento el centro médico la canceló debido a la polémica y a las disquisiciones médicas que despertó su caso.
Finalmente este jueves un comité de expertos del centro médico pereirano aprobó la eutanasia solicitada por González, quien les pidió que se le hiciera cuanto antes para no seguir sufriendo.
En Argentina está prohibida la eutanasia, así como el llamado «suicidio asistido», que se castiga como homicidio, pero desde 2012 está vigente la ley de «muerte digna» que garantiza el derecho de los enfermos terminales a rechazar cirugías, tratamientos médicos o de reanimación para prolongar su vida.
Esa ley fue aprobada a raíz del debate abierto por la madre de una bebé en estado vegetativo irreversible desde su nacimiento, quien pidió una muerte digna para su hija después de que los médicos se negasen a desconectar los aparatos que la mantenían viva. Tras la entrada en vigencia de la ley, Camila murió el 7 de junio de 2012, con tres años, al ser desconectada del respirador.
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