La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y otros bienes de empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal, dada a conocer anoche, fue dictada en el marco de la causa penal iniciada por el Gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental del país.
Así, la jueza de Tierra de Fuego dispuso que, mediante distintas medidas de alcance nacional e internacional, se embargue una plataforma semisumergible, cuatro buques y un dique flotante utilizados en las actividades ilegales de exploración y explotación que se realizan en el archipiélago austral.
Hizo lo propio con cuentas bancarias de las empresas imputadas. A su vez, determinó la intervención judicial de una de ellas que operaría en la Argentina a través de una sucursal (la estadounidense Noble Energy).
También ordenó una medida de no innovar para que cese el delito y autorizó al Ministerio Público Fiscal a tomar medidas para anoticiar a los organismos internacionales que puedan colaborar para hacer efectiva algunas de las medidas mencionadas.
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