Todo nació por la denuncia de Horacio Catena, integrante del SUTEF, quien remitió a la Fiscalía de Estado una denuncia para que se “investiguen presuntas irregularidades en la contratación, prestación y pago de servicio para el retiro y entrega de documentos entre diversas dependencias del Ministerio de Educación de la Provincia”.
El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre reunió antecedentes del caso, en base a documentación aportada por la cartera de Gobierno que dirige Sandra Molina. Allí, estableció que la competencia en el caso es del Tribunal de Cuentas, ya que pudo advertir que existirían irregularidades en el uso de fondos públicos y no habría encuadramiento legal para la contratación.
“Hay que determinar si los fondos erogados para abonar este servicio podían ser empleados para tal destino o si, por el contrario, se están o han estado, usando fondos de afectación específica que debieran ser destinados a otros fines”, indica un párrafo del dictamen del Fiscal, que además advierte que “se continuó contratando y pagando un servicio que requería haberse adecuado a un determinado marco legal que amparase su continuidad y habilitase la consecuente erogación de fondos públicos para pagarlo”.
Sobre el monto de la contratación también surgen interrogantes, porque de acuerdo al Decreto 2976, de diciembre de 2014, se adjudicó el servicio por una suma mensual de 23.088 pesos, la que es inferior a los 27.988 pesos aprobada por la orden de compra vencida el 17 de abril de 2010 (cuatro años antes). Además, se había incrementado con anterioridad el importe de esa facturación mensual a 37 mil pesos, de acuerdo a facturas emitidas por el proveedor a partir de abril de 2014.
Fuente: Reporte Austral
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