Unos 500 habitantes de Tierra del Fuego presuntamente estafados por ocho automotrices harán un juicio colectivo a las empresas para cobrar una indemnización, después de que el Gobierno las multara por acordar valores en perjuicio de los consumidores.
Se trata de unos 250 clientes de automotrices de Ushuaia y otros 250 de Río Grande representados por un estudio de abogados, que por estas horas alista una demanda colectiva para organizar las presentaciones ante la justicia provincial.
Tras la multa de 1.060 millones de pesos impuesta por la Secretaría de Comercio a las automotrices en uso de la ley de Defensa de la Competencia, ahora los fueguinos tendrán la posibilidad de reclamar judicialmente la indemnización correspondiente.
La primera denuncia contra una automotriz por este caso fue presentada en 2008 por parte de un consumidor de la provincia de Tierra del Fuego, que denunció tanto a automotrices como a concesionarias por prácticas anti-competitivas que venían desarrollando desde el año 2002.
Luego se sumaron centeneras de presuntos afectados por las maniobras de las empresas y se presentaron denuncias contra Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault, Volkswagen, Toyota y Honda, todas obligadas ahora por el Gobierno a pagar la millonaria multa antes de fin de año.
La isla goza de un régimen especial fijado por la ley 19.640, que establece que los cero kilómetro que allí se venden no pagan IVA, ni impuestos internos y tampoco los aranceles de importación, cuando los hay.
Hace siete años, un estudio jurídico fueguino comenzó a alentar a los que compraron unidades desde 2002 a hacer demandas judiciales con el argumento de que las concesionarias cobraban los mismos valores que regían en el continente y se quedaban con los montos de los impuestos que no debían cobrar.
Ahora, el estudio Rauch & Aciar prepara para comienzos de 2015 una demanda colectiva, con el fin de reclamar la diferencia cobrada en más a los que adquirieron automóviles desde el 2002 a la fecha. Cada caso deberá analizarse respecto de la posible prescripción y diferencia en valores, que no es la misma si se trata de autos Mercosur que de importados, explicó en declaraciones a la radio Universidad el abogado representante de los perjudicados.
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