Al inicio del encuentro la titular de la cartera del Ejecutivo, ministra Marisa Montero, pidió conocer a los integrantes del Observatorio de Discapacidad y presentó a su equipo técnico. Luego de las presentaciones pertinentes, la funcionaria consideró oportuna la ocasión, que posibilita aclarar cuestiones que se “han mediatizado y han llevado a tergiversaciones”. También se definió la figura pública del Observatorio, que se constituye a través de la Convención Internacional de los derechos de personas con discapacidad.
Consultada sobre la situación del régimen especial de pensiones especiales (RUPE), Montero señaló que “no se ha procedido a la suspensión de ningún trámite”. En este sentido, consideró que ese instrumento no significa “un beneficio” sino que se trata de un derecho de las personas con discapacidad. “No se ha procedido a la suspensión” y reforzó al anunciar que la “tramitación de las pensiones, continua”.
“Estamos tramitando pensiones de este año y del anterior que están próximas a devengarse, pero además de esto, hemos adelantado la totalidad de los proyectos de decreto para hacer efectivo, a partir de 2015, donde sí vamos a tener las partidas y se empiecen a devengar. Se trata de una dilación al 18 de noviembre”.
En este sentido, anunció que resta gestionar 112 pensiones -44 del 2013, 68 del 2014, uno del 2012 y otro de 2011- y que por distintas cuestiones administrativas, se han visto demoradas en su circuito normal de tramitación. Amén de ello apunto: “En ningún momento, desde el Ministerio de Desarrollo Social, hemos dicho que había suspensión”, reiteró.
Luego, el encuentro continuó con el abordaje en detalles sobre la tramitación de una pensión, las características que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el otorgamiento de dicha figura. También, sobre el control del otorgamiento y lo normado.
Montero explicó que, de acuerdo a la Ley Provincial 959 (articulo 25) se “nos puso un tope de 10 millones para otorgar pensiones. Esa Ley, que votó la Legislatura, nos puso ese techo”. La funcionaria refiere al texto del Presupuesto 2014 que dice: “Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) la partida de Transferencias a personas, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de afrontar el otorgamiento de nuevos beneficios previstos bajo el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), Ley provincial 389, durante el Ejercicio 2014”.
En este sentido, Montero dijo que “por más que modifiquemos partidas, si los recursos no están es imposible inventarlos. Estamos hablando de fondos públicos y de una Provincia, donde no hay fecha límite para la presentación de un trámite” de pensión.
Respecto del control del otorgamiento de pensiones, Montero aclaró que la normativa vigente “da la pensión por discapacidad en razón de la discapacidad” y agregó que su área no puede gestionar informes sociales.
Con posterioridad, representantes del Observatorio de Discapacidad, efectuaron consultas respecto de la gestión del Ministerio frente al otorgamiento y pago de las mismas. También sobre el certificado único de discapacidad y se expusieron situaciones puntuales.
La legisladora Amanda del Corro al respecto dio que “ha aclarado, que todos los decretos de las 112 pensiones RUPE que están al cobro, se están gestionando”. Asimismo dijo que el presupuesto está garantizado y no hay suspensión de partidas ni que no se vayan a abonar. “Las que se han gestionado están en trámite”.
Del Corro entendió que se evidenció “mucha mediatización” respecto de la versión periodística. “Se ha hecho una previsión de partidas para las RUPE de 2015, que están incluidas las 112 más las 150 que se hayan previsto para el próximo ejercicio.
Entendió que se vivenció un “reclamo fuerte” sobre la gestión administrativa de los trámites, aunque delineó una doble gestión impuesta por ley provincial que determina la función –ante las RUPE- de Desarrollo Social y de Salud, situación que alienta la demora en la gestión. “Hay dos ministerios intervinientes” y recordó la necesidad de rediscutir la estructura de la Ley de Ministerios.
Del Corro pidió interpretar que, detrás de la sigla RUPE, hay “una situación individual, familiar y se trata de una problemática que hay que entender”. Aun así, consideró que si existe demora en circuitos administrativos hay que mejorarlos “pero deben cumplirse porque estamos tratando derechos de personas a los que acude el Estado en su amparo, con recurso que son públicos. Hay que cumplir con toda la normativa, hacer transparente la gestión y efectivo el derecho”, cerró.
La legisladora Laura Rojo (PPP) pidió hacer “un estudio serio y un relevamiento” minucioso sobre las pensiones RUPE. Recordó la presentación de un proyecto de ley sobre este asunto, “por supuesto, que pasó a Comisión y perdió estado parlamentario” detalló esta tarde en declaraciones a Prensa Legislativa.
La Parlamentaria entendió que, para tomar en serio el tema de la discapacidad, primero se debe conocer la cantidad que hay en la Provincia, qué patología base la provoca y cuál es su grado. Así, la referente del PPP recordó que, del otorgamiento del CUD, es que se desprende o no, la pensión RUPE.
Consultada sobre las explicaciones de la titular de Desarrollo Social, Rojo entendió que algunas explicaciones la conformaron. Otras, no. “todo lo que tiene que ver con la celeridad en la gestión y la respuesta a familias que tienen integrantes con algún tipo de discapacidad”, cerró.
En este sentido, la legisladora Laura Rojo ingreso en marzo de 2012, un proyecto de ley creando el censo de discapacidad. La herramienta, buscaba responder de manera realista a las demandas que genera la discapacidad y que significa tomar conciencia de que todos somos actores sociales y que en gran medida, las barreras físicas, arquitectónicas, comunicacionales con que se enfrentan día a día las personas con discapacidad, no son más que consecuencias de las barreras culturales que impiden ver al discapacitado como un semejante”, sostenía de acuerdo a los fundamentos del asunto 027/2012 que fue enviado a archivo.
El articulado, proponía un censo de población de autoindentificación de la población que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que con relación a su edad y medio social implique desventaja para su desarrollo personal, integración familiar, social, educacional o laboral.
Con información y fotografías de Prensa Legislativa
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