La policía de Santa Cruz encendió una señal de alerta la semana pasada, cuando efectivos de seguridad de Caleta Olivia y Río Gallegos decidieron realizar un quite de colaboración para reclamar un 25 por ciento de aumento salarial.
Esto reavivó los temores de que se repitan las protestas policiales del año pasado, que empezaron como un reclamo aislado pero la falta de solución generó un efecto contagio a nivel nacional y propició que se produjeran violentos incidentes.
Con ese antecedente, las autoridades santacruceñas decidieron presentarse ante la Justicia y realizaron una denuncia por presunta sedición contra el personal de seguridad. Además, el gobernador Daniel Peralta ordenó que se inicien sumarios a los agentes que realizan medidas de fuerza.
Sin embargo, estas acciones no intimidaron a los movilizados, que sumaron el apoyo de más personas a la causa que enarbolan: un grupo de familiares de integrantes de la policía y miembros retirados de la fuerza redoblaron la apuesta y se encuentran acampando frente al edificio de la Jefatura de Policía Provincial, en apoyo a los acuartelados.
Los intentos para solucionarlo mediante el diálogo -cuenta Tiempo Sur– aún no dieron el resultado esperado y crece el temor de que la medida sea imitada en otras zonas de la provincia.
Mientras tanto, efectivos de la Gendarmería y Prefectura nacional ya se encuentran desplegados en el territorio provincial como medida paliativa, para contener posibles desbordes de la población.
El gobernador Peralta consideró el fin de semana que el autoacuartelamiento de efectivos policiales en algunas localidades «es injusto, sin solución y sólo busca desestabilizar«.
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