El intendente Ramón Mestre, el secretario de Transporte municipal, César Ferreyra, el exsecretario de esa repartición Juan Pablo Díaz Cardeilhac y el titular de Ersa, Juan Carlos Romero, fueron imputados de «defraudación calificada a la administración pública» en el marco de una causa que investiga la Justicia federal de Córdoba.
La novedad se conoció en la tarde de este martes luego de que el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, confirmara a La Voz que los cuatro fueron imputados «por los supuestos desvíos de fondos de la Nación de los subsidios del gasoil» al transporte público de pasajeros de la ciudad de Córdoba.
Vidal Lascano está a cargo de la causa que investiga la presunta defraudación luego de una denuncia penal que el concejal Daniel Juez, del Frente Cívico, había presentado en la Fiscalía Anticorrupción provincial, aunque luego el tema recayó en el fuero federal.
Este diario intentó conocer las consideraciones de Ferreyra, Díaz Cardeilhac, Daniel Juez y de una fuente de la Municipalidad, pero no fue posible establecer el contacto.
Vidal Lascano está a cargo de la causa que investiga la presunta defraudación luego de una denuncia penal que el concejal Daniel Juez, del Frente Cívico, había presentado en la Fiscalía Anticorrupción provincial, aunque luego el tema recayó en el fuero federal.
Este diario intentó conocer las consideraciones de Ferreyra, Díaz Cardeilhac, Daniel Juez y de una fuente de la Municipalidad, pero no fue posible establecer el contacto.
El caso
Juez, hermano del senador Luis Juez, planteó que ocho colectivos articulados que compró el municipio durante la gestión del exintendente Daniel Giacomino pertenecen a Tamse residual, que las tiene afectadas al servicio de trolebuses, no obstante lo cual los subsidios al gasoil correspondientes a esos coches los estarían percibiendo empresas privadas.
Con documentación extraída de la página web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el concejal dice tener acreditado que la UTE integrada por las firmas Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe cobra, a su juicio de manera indebida, dichos subsidios, de acuerdo publicó La Voz en marzo.
El aporte es de aproximadamente 30 mil pesos por coche, con lo cual el perjuicio para el Estado municipal rondaría los 240 mil pesos por mes.
“Esto viene ocurriendo desde septiembre a la fecha, por lo que están en juego 1,2 millones de pesos”, detalló Daniel Juez, junto con Walter Montenegro, exsecretario de Transporte municipal entre 2003 y 2007.
La denuncia se enfoca en el propio Mestre porque de acuerdo a las reglamentaciones de la CNRT es el intendente, como máxima autoridad de la ciudad, quien debe asegurar la veracidad de la información que se eleva sobre el parque automotor para la posterior percepción de los subsidios.
“Es una declaración jurada, que lleva la firma de Mestre. Él es el responsable primario que debe responder en caso de fraude, como creemos que lo hubo en este caso”, señaló Juez.
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