“Terminar con el cobro directo en los hospitales fue una de las primeras medidas adoptadas por la Gobernadora y hemos sostenido sus fundamentos técnicos cuando la Legislatura planteó volver al arancelamiento”, recordó el funcionario, agregando que “el Gobierno Provincial vetó el proyecto aprobado por el Parlamento y alertó sobre la posible pérdida de Programas Nacionales, pero los legisladores hicieron caso omiso e insistieron la iniciativa”.
“Ya sea que lo llamen arancel, coseguro, bono o de cualquier otra manera; estamos completamente en contra del cobro directo a los usuarios de los servicios públicos de salud”, enfatizó el Ministro.
El funcionario rechazó el mecanismo propuesto por considerar “desatinado exigirle al ciudadano un triple aporte”, ya que “además del arancel de afiliación a la obra social o prepaga y del pago de impuestos, debería abonar otro importe por la prestación en la institución sanitaria”.
“Según lo informado por la Gobernadora en conferencia de prensa, el presupuesto 2015 para Salud será de 1183 millones de pesos”, indicó, y evaluó que en este contexto “el aporte de 20 pesos por consulta resulta despreciable y queda más que claro que no es una herramienta para el financiamiento del sistema sanitario público”.
Arias destacó que “la postura del Gobierno Provincial es compartida y sostenida por el Gobierno Nacional y los sanitaristas argentinos”, ejemplificando que “el viceministro de Salud de la Nación se manifestó al respecto en su reciente visita y la Unidad de Financiamiento Internacional, dependiente de la cartera sanitaria nacional, emitió un comunicado precisando las implicancias legales del arancelamiento”.
El Ministro comentó que “sostuvimos muchas reuniones con los legisladores donde explicamos que el cobro directo no era la solución y pedimos discutir la Ley de Financiamiento Hospitalario presentada por el Ejecutivo”, destacando que “esta herramienta es un marco legal fundamental para realizar el recupero a terceros pagadores”.
“El efector público es el medio por el cual el Estado garantiza el derecho constitucional a la salud y, por este motivo, no puede bajo ningún supuesto negar la atención”, detalló el titular de la cartera sanitaria, añadiendo que “el hospital no puede cortar los servicios a ningún ciudadano, lo que sí puede hacer es exigir el pago de las deudas a las obras sociales”.
Comentarios