La Comisión de Justicia y Seguridad, 6, se reunió con el fin de dar tratamiento a un proyecto girado por la gobernadora María Fabiana Ríos sobre la adhesión a la ley nacional 26052, desfederalización de la ley de estupefacientes.
Durante la reunión de hoy, participaron el juez del Superior Tribunal, Javier Muchnik y el jefe de Fiscales, Oscar Fappiano además del equipo técnico del Poder Judicial.
Muchnik dijo que desde ese Poder tuvieron acceso al proyecto de ley emanada desde el Ejecutivo y dijo optó por no emitir opinión “con respecto a políticas de oportunidad, mérito y conveniencia” y su opinión sustancial se circunscribió a “la política criminal, cuáles son las herramientas más aptas o idóneas para combatir el delito. En la Provincia, las posibilidades de generar políticas de este tipo tiene que ver con cuestiones procesales”, aclaró.
Dijo que la Ley Nacional 26052, que posibilita que las Provincias adhieran a la investigación por parte de las Justicias provinciales a determinados tipos de delito, “tiene un problema de marketing y de aplicación” y aclaró que cuando se generó la norma nacional, se la pensó en función de la realidad bonaerense, completamente distinta a la nuestra.
En diálogo con Prensa Legislativa, el magistrado dijo que se plantearon al Poder Legislativo sobre las necesidades que vemos de manera esencial, en el caso que el proyecto de ley avance. “Hemos hecho un breve repaso sobre la actual situación edilicia y estructura funcional que tiene el Poder Judicial, aun sin avanzar sobre este proyecto. Creo que a los integrantes de la Comisión les quedó clara nuestra posición”.
“Yo no podría afirmar, a ciencia cierta, que la adhesión a esta Ley significa un éxito en la lucha contra el narcotráfico” y citó los resultados arrojados en otras jurisdicciones nacionales. “Se trata de otras realidades y otras estructuras judiciales”, sostuvo.
Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia, Pablo Blanco (UCR) dijo que ese espacio buscaba la opinión sobre los beneficios o no, de la adhesión a la Ley Nacional en el ámbito de la Provincia. “Nos han dado explicaciones al respecto” y sostuvo que de acuerdo a la dimensión de Tierra del Fuego, “los beneficios que podrían llegar no son tantos como en otras jurisdicciones”. En este sentido, dijo que se continuará su debate en la Comisión y espera invitar al Ejecutivo para conocer su postura sobre el mismo.
La Primera Mandataria, sostiene que “la ley 26052 establece la modificación del articulo 34 de la Ley Nacional 23737” y determina que los delitos penados por esa norma son competencia de la Justicia federal “excepto para aquellas Provincias, que mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y los alcances que se prevén”.
Ríos sostiene que “adherir a la ley mencionada nos permite como Estado provincial poder tomar un mayor protagonismo en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico en muchas de sus facetas y allí donde el delito afecta a nuestra comunidad”, sostiene en los fundamentos ingresados en la sesi´´on del 9 de abril pasado.
Como el bien jurídico que protege la Ley Nacional 23737 es la salud pública, la titular del Ejecutivo fueguino advierte que Tierra del Fuego “ha abordado el problema de las adicciones como parte integrantes de la salud mental y del sistema de salud en general”
En este sentido, sostiene que su administración ha suprimido “enfoques paternalistas, moralizantes o delicuenciales respecto de la persona adicta” recuerda
Comentarios