Uno de los campamentos que fueron desalojados estaba ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). «La operación inició a las tres de la madrugada. Se tenía evidencias de que de esos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas: incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad», justificó el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres. De acuerdo con el funcionario chavista, las fuerzas se «incautaron de drogas, armas, explosivos, morteros, granadas lacrimógenas, todo lo que utilizan a diario para enfrentar a los cuerpos de seguridad».
El periodista Daniel Murolo, del diario venezolano La Región, había informado más temprano de los arrestos: «Van más de 230 detenidos, los tienen en Fuerte Tiuna, Core 5 y PNB Catia. Había hijos de militares en campamentos». El reportero, que estaba en el lugar, reveló: «El campamento de la resistencia ubicado en la urbanización Los Nuevos Teques aún se mantiene, pero temen más represión».
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió públicamente la liberación de los jóvenes estudiantes opositores. «Nuestro equipo de abogados, pertenecientes a la Comisión de Derechos Humanos de la Unidad, se ha movilizado desde el mismo momento en los que ocurrieron los hechos y a esta hora continúa realizando las gestiones para garantizar los derechos de cada uno de los jóvenes y continuará trabajando hasta lograr su liberación», indicó en un comunicado.
«Sorprende el despliegue de fuerza implementado por el gobierno nacional para este propósito, lo que no ha mostrado ante el creciente índice delictivo en todo el país. Lo que deja ver que se tienen los recursos policiales y de Fuerza Armada para atacar de manera efectiva el grave problema de la inseguridad, pero se aprecia que faltan voluntad y capacidad», denunció la coalición opositora en el mismo documento.
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