La legisladora Myriam Martínez, se refirió a la necesidad urgente de derogar la Ley provincial Nº 932 por intermedio de la cual se arancelaron las prestaciones de la salud pública en la provincia.
La Parlamentaria sostuvo que, “al sancionarse esta norma y con ello eliminar el acceso gratuito a la salud, se produjo el incumplimiento por parte de la provincia de convenios suscriptos con el Gobierno Nacional en los cuales Tierra del Fuego se había obligado a `garantizar´ la gratuidad en el acceso a los medicamentos esenciales; servicios; prestaciones asistenciales y acciones de prevención de la salud, brindados por los servicios públicos de sanidad”.
Asimismo, Martínez explicó que, “la sanción de la Ley 932 provocó la reacción del Dr. Jaime Lazovski, Secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, quien se ha pronunciado con preocupación, a través de una nota dirigida al Ministro Arias, en la cual expresa que se estaría incumpliendo con obligaciones asumidas por la provincia en los Programa de Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria de la Salud: BID (FEAPS-REMEDIAR + REDES) y del Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (CRONICAS) una vez que la provincia suscriba el Convenio”
Por otra parte la Parlamentaria hizo mención a un informe presentado por el Ministerio de Salud de la Provincia, en la que se resalta tanto el perjuicio económico como el sanitario que ocasiona esta ley al sistema de salud de la provincia, fundada en la opinión de la responsable de Gestión de Insumos de Programas Provincial, doctora Viviana Muller, quien consideró que con la aplicación de esta ley, al no poder cumplirse con el requisito de gratuidad que requiere el programa REMEDIAR, se generan múltiples inconvenientes a la población respecto a la accesibilidad al medicamento en el momento de la consulta.
Martínez, mencionó la nota presentada por la Coordinadora Provincial de Tierra del Fuego del programa SUMAR y jefa del Departamento de Salud Integral, doctora Mariana D`albo, quien recordó que para que el Programa continúe en la provincia es requisito indispensable el desarancelamiento del Sistema de salud, caso contrario Nación dará de baja este programa.
La Legisladora destacó las palabras de la doctora D`albo que mencionó que de los más de 600 mil pesos transferidos durante el año 2013 los distintos efectores solo han facturado 252 mil 800 pesos, “esto no es porque no se haya realizado la prestación, sino por la falta de facturación de las distintas prestaciones”, expresó.
Myriam Martínez, señaló que, “de la auditoría realizada al HRU por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, surge la existencia de créditos de antigua data y una deuda de las distintas obras sociales de más de 50 millones de pesos, que no se encuentran cobrados, regularizados ni depurados” y agregó que, “existiría un posible perjuicio fiscal por la no facturación de órdenes de consultas efectuadas en el sistema informático cuyo servicio fue presentado, por la falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para ello”
Párrafo aparte, la representante del FpV, señaló que, “una vez más el tiempo nos da la razón, votamos en contra de esta ley desde un principio, luego el Poder Ejecutivo la veto totalmente y sobre tablas, aprovechando la ausencia de dos legisladores se insistió con esta ley a la cual este espacio político siempre se opuso”
La Legisladora, afirmó que, “desde la sanción de la ley nada ha cambiado en los Hospitales y Centros de Salud de la Provincia, estamos peor que antes y francamente si sumamos ahora que por la sanción de esta ley, vamos a perder la ayuda que brindan estos Programas, la situación es sumamente preocupante”
Cabe destacar que tanto el TCP y el Fiscal de Estado, observaron a través de sus dictamines que con el dictado del decreto provincial 2803/13, el Poder Ejecutivo provincial se ha excedido en sus facultades, ello principalmente por cuanto dicha reglamentación entra en colisión con el art. 23 de la ley 495 de Administración Financiera que en su artículo 23 prescribe que no se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de, por ejemplo, los que por leyes especiales tengan afectación especifica.
“Los dictámenes sostienen que en este sentido la Ley 932 no crea ningún fondo de afectación especifica, sino que el mismo se está instruyendo a través del decreto 2803 lo cual no resulta ajustado a derecho, asimismo si bien se considera que lo recaudado en el caso de los Hospitales podría quedar subsumido en el fondo creado por la Ley provincial Nº 554, se concluye que el mismo colisionaría con el propio Art. 4º de dicha Ley, por crear una sub-especie de afectación que además resulta de muy difícil control”, dijo la funcionaria legislativa.
Martínez señaló que otra observación al decreto reglamentario que surge de los dictámenes, es que “excede lo dispuesto en la ley Nº 932, al limitar el pago de arancel únicamente a los sujetos que tengan residencia en la provincia, así como excluir de dicho pago a las consultas realizadas por el servicio de guardia de urgencias, aclarando que esta ley provincial nada dice sobre estas exclusiones”
Finalmente la Parlamentaria dijo que por todos estos motivos, presentó un Proyecto de Ley para derogar el arancelamiento de la salud y evitar una catástrofe sanitaria en la población.
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