El Municipio de Río Grande adherirá a la ley sancionada por la Legislatura Provincial que prohíbe la existencia de cabarets y wiskerías. Así lo confirmó el Secretario de Gobierno, contador Paulino Rossi, quien dijo que el espíritu de la norma “no se discute” y que se acompañará la misma, para lo cual deberá aggionarse la normativa actual que regula la actividad. Al mismo tiempo dijo que se deberá estar alerta a las mutaciones que podría producirse y evitar el ejercicio clandestino en la ciudad.
“Hay una lógica nacional en este aspecto, nosotros venimos trabajando desde el año pasado con la misma justicia federal, hemos tenido referentes de Nación que nos han explicado esta lógica que se está implementando en todo el país y nos parece oportuno y necesario que se adhiere a la normativa vigente, porque acá teníamos ciertas particularidades de la zona, que teníamos que adecuarnos a la normativa nacional, que sabíamos que tarde o temprano iba a llegar”, expuso Rossi.
Agregó que “nosotros, como Municipio, vamos a respetar a rajatabla este tipo de normativa, tenemos que hacer un fuerte replanteo como Estado, sobre todo las fuerzas federales y provinciales y también la municipal colaborando para ver de qué manera esto se va a camuflar”.
En ese sentido confió que “vemos que las actividades de este tipo, sobre trata de personas, según el tipo de presión que haga el Estado, van mutando en distintos tipos de actividades. Entonces, tenemos que tener la capacidad de reacción lo más pronto posible como Estado, si uno ve que esto se va camuflando bajo otro tipo de figura, tener los elementos de acción que es increíble que a esta altura de la vida, de la historia de la humanidad, todavía estemos hablando de trata de personas y el sometimiento a niveles de esclavitud”.
El Secretario de Gobierno aseguró que “el compromiso del Municipio es irrenunciable en este aspecto y la colaboración dentro de la información que nosotros podamos brindar a los organismos de aplicación de delitos federales, para trabajar en conjunto y tratar de erradicar este flagelo”.
Sobre este punto, admitió que se deberá adecuar la normativa vigente con un trabajo conjunto con el Concejo Deliberante. “Tendríamos que aggiornar las ordenanzas vigentes. Pero tenemos una ley de orden superior, que es una Ley provincial con respecto a alguna normativa provincial que habrá que adecuarla, la ley está para cumplirla y nosotros lo vamos a hacer”.
Añadió que “esta ley hay que aplicarla y nosotros lo vamos a hacer como corresponde”, garantizó Rossi.
Sobre los nombrados ‘‘privados’ “que son las casas comunes, alquiladas y donde por ahí se realizan este tipo de actividades, nosotros no tenemos injerencia como Municipio, porque no son locales habilitados. Nosotros tenemos un fuerte poder de Policía y trabajo en conjunto en locales habilitados, en lo que respecta a libretas sanitarias y lo que adecuaba la normativa vigente y tratamos de trabajar en colaboración con las fuerzas federales para saber qué era lo que estaba tolerado y lo que ya era un delito. Ahora, obviamente, se va a tener que intensificar el trabajo de la Justicia Federal para tratar de detectar estas actividades”.
El titular de la cartera política municipal observó que “hay una delgada línea entre un derecho constitucional, que es el derecho del trabajo y la persona que con su cuerpo quiera hacer lo que quiera, constitucionalmente está garantizado esto. Lo que está prohibido es la trata de personas y la indeterminación. Entonces, los que tienen los elementos y la jurisdicción para poder llegar a este tipo de conclusiones es la Justicia Federal a través de sus fuerzas”.
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