Un juicio histórico comenzará el próximo martes con 29 acusados, que van desde exfuncionarios del área de Transporte a empresarios a cargo de la concesión liderada por los hermanos Cirigliano y un motorman como protagonista del trágico accidente ferroviario que causó 51 muertes.
En el marco de la llamada Tragedia de Once, la lupa del proceso estará puesta no sólo en el funcionamiento de los trenes sino también en qué destino se le da a los subsidios entregados por el Estado.
A apenas dos años del accidente y con tiempos récord que manejó la Justicia en este tipo de megacausas, que en líneas generales superan los diez años, el Tribunal Oral Federal 2 dará inicio al proceso oral por la tragedia en Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, luego de que una formación impactara contra el andén 2 de la estación ferroviaria.
Como principales acusados están los exsecretarios de transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime quienes serán juzgados por la falta de controles en los subsidios estatales que recibía la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
Además, los empresarios Claudio Sergio y Mario Cirigliano, quienes según la investigación desviaron los fondos hacia empresas tercerizadas, presuntamente de su propiedad, por servicios contratados; y el motorman Marcos Antonio Córdoba que condujo la formación accidentada.
Junto a ellos estarán en el banquillo el directorio de TBA, entre ellos su entonces presidente Carlo Michele Ferrari, y los exfuncionarios Antonio Luna, exsubsecretario de Transporte Ferroviario; Antonio Sícaro y Pedro Ochoa, extitulares del organismo contralor, la CNRT.
Dos peritajes, uno de ellos ordenado por el TOF2, arrojaron un mismo resultado: que el sistema de frenos funcionaba correctamente al momento del hecho con lo cual se descartó una falla mecánica y por eso mismo el motorman también forma parte de los acusados.
No obstante, la investigación no dejó de lado y mostró el muy mal funcionamiento y estado de los trenes de la línea Sarmiento sino que además evidenció un desmanejo de millones de pesos de subsidios que recibió la concesionaria TBA y no se reflejaba en el mejoramiento del servicio.
La Justicia intenta determinar qué fueron de los dos mil millones de pesos que recibió TBA como subsidio del Estado entre 2003 y 2010, y por los cuales los exfuncionarios son acusados por administración fraudulenta por defraudación, a la par que en instrucción otro juez, Sebastián Ramos, evalúa específicamente el dinero público que recibieron las concesionarias.
La investigación que llevaron adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Federico Delgado descubrió que varios millones de pesos tenían otros destinos que no eran los trenes.
Muestra de ello es que Claudio Sergio Cirigliano utilizó una tarjeta corporativa de TBA, de la cual había dejado de ser titular años antes, para realizar gastos exorbitantes por medio millón de pesos en muebles traídos de la polinesia, joyas, viajes y otros artículos de lujo, y que nada tenían que ver con mejorar la prestación de un servicio ferroviario.
Para el juicio está prevista la declaración de 300 testigos a lo largo del proceso que se estima en no menos de un año, el cual estará a cargo de los jueces Jorge Gorini, Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburua.
La acusación estará a cargo del fiscal Fernando Arrigo y las cuatro cabezas de querella y en las primeras audiencias se dará lectura del requerimiento de elevación a juicio.
El resto de los acusados son Luis Alberto Ninoná, Daniel Guido Lodola, Miguel Werba, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Laura Aída Ballesteros, José Doce Portas, Pedro Roque Raineri, Francisco Adalberto Pafumi, Oscar Alberto Gariboglio, Víctor Eduardo Astrella, Daniel Fernando Rubio, Carlos Esteban Pont Verges, Alejandro Rubén Lopardo, Jorge Alberto De los Reyes, Guillermo Alberto D´Abenigno, Jorge Álvarez, Sergio Daniel Tempone, Carlos Alberto Lluch, Marcelo Alberto Calderón, y Roque Ángel Cirigliano.
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