Los cubanos residentes en la isla podrán ahora rentar inmuebles a través de las empresas de bienes raíces autorizadas por el Estado, según ha informado el Gobierno de Cuba este miércoles por la mañana. La reforma, incluida en la Gaceta Oficial de este 21 de enero, acaba con medio siglo de restricciones para que las personas naturales pudiesen alquilar legalmente viviendas, locales comerciales o almacenes. Los precios mínimos mensuales de los arrendamientos seguirán siendo fijados por el Ministerio de Finanzas y Precios, y no estará permitido que los ciudadanos cubanos utilicen estos inmuebles como sede de “escuelas internacionales, agencias de noticias u organizaciones no gubernamentales”.
A partir de ahora, los cubanos residentes en la isla podrán “solicitar el servicio a entidades estatales y sociedades mercantiles de capital totalmente cubano dedicadas a ese negocio y a otras autorizadas a prestarlo, las cuales anteriormente solo podían arrendar espacios y servicios a empresas y entidades cubanas y extranjeras, y a personas naturales extranjeras”, señala en su edición de este miércoles el diario oficialista Juventud Rebelde, que hizo pública la noticia. Estas agencias de bienes raíces operan en Cuba desde la década de 1990 y son propiedad del Estado o de capital mixto.
La resolución que pone fin a las prohibiciones fue aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios el pasado 27 de diciembre, pero solo hasta hoy ha entrado en vigor. La misma norma establece las tarifas mínimas mensuales de los arrendamientos, fijadas en pesos convertibles (CUC), que equivalen al dólar estadounidense. Estos precios oscilan entre 5 CUC por metro cuadrado de alquiler de vivienda y 10 CUC por metro cuadrado para el alquiler de locales comerciales y almacenes; pero podrán aumentar en función del “comportamiento de sus similares en el mercado y a las zonas de ubicación geográfica de los inmuebles, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Instituto de Planificación Física” y de los lujos –piscina, áreas exteriores- con que cuente la propiedad. Y los jefes de cada agencia inmobiliaria estatal estarán autorizados a establecer los descuentos especiales que juzguen convenientes.
Esta es la más reciente de una serie de reformas al sistema económico y social de la isla, adoptadas por el Gobierno de Raúl Castro, para reestructurar un Estado ineficiente, azuzado por los apuros financieros y las demandas sociales. En noviembre de 2011, Castro había autorizado la compra-venta privada de viviendas para los cubanos y extranjeros residentes en la isla, con la condición de que “ninguna persona tendrá derecho a poseer más de una vivienda”. En octubre de 2010 también fueron ampliadas las condiciones para el trabajo “por cuenta propia”, con la idea de reducir la carga burocrática del Estado y fomentar bajo limitaciones el trabajo privado; al día de hoy, trabajan en Cuba cerca de medio millón de “cuentapropistas”, la mayoría de ellos en el sector de servicios.
(diario El Pais)
Comentarios