El fiscal José Perals pidió al juez en su informe que admita a trámite la querella presentada por un socio del club, puesto que los contratos del jugador «que se han ido firmando entre las partes en ocasiones no responden a lo indicado en los mismos, tratándose en algún caso de contratos simulados», y en otros casos se cambian de tipo contractual de manera fraudulenta.
El fiscal apoya la tesis del querellante de que no se sabe la cantidad que efectivamente pagó el Barcelona por el fichaje del delantero brasileño Neymar Silva Santos Junior y se ocultó por ello a los socios una información que debía ser pública.
Si bien considera que ahora no es «urgente y necesario» citar a declarar a Rosell, reclama al juez que dicte una serie de diligencias, entre ellas pedir a la FIFA que aporte la documentación del fichaje.
También reclama al juez que pida al propio jugador el contrato que firmó con la sociedad N&N, propiedad de su padre, por el que le cedía sus derechos; libre una comisión rogatoria a Brasil para solicitar del Santos el contrato de traspaso del jugador, y cite como imputados a los empleados de Deloitte que hicieron la auditoría de las cuentas del Barcelona.
El acuerdo por el precio para adquirir a Neymar que tenía que pagar el Barcelona por «derechos federativos y económicos» era de 40 millones (en los que se incluían los 10 del «préstamo») y se estableció una cláusula de penalización en caso de incumplimiento del contrato por importe de 40 millones.
El querellante, Jordi Cases, cree que el Barcelona pagó por el fichaje 40 millones a la sociedad del padre de Neymar y 17,1 millones en concepto federativos al Santos CF, cantidades a las que añade 7,9 millones por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos y 9 millones por dos partidos amistosos.
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