El Tribunal Oral Federal N° 3 (TOF3) absolvió al expresidente Fernando De La Rúa y a los otros siete imputados por presuntos sobornos para la tramitación en el Senado de la reforma laboral, en 2000. La causa llega a su fin trece años después de que estallara el escándalo en el gobierno de la Alianza.
Los jueces escucharon las últimas palabras de los exsenadores peronistas Remo Constanzo yRicardo Branda, luego de lo cual se retiraron a deliberar sobre el contenido de la sentencia.
La Oficina Anticorrupción había solicitado 6 años y medio de prisión para Fernando De la Rúa, en sintonía con el pedido de la Fiscalía, por el delito de «cohecho activo», o sea, por haber pagado coimas.
Para el ex jefe de la SIDE y ex banquero Fernando de Santibañes, los exsenadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo, la Fiscalía había pedido seis años de cárcel y la Oficina Anticorrupción cinco años y medio de encierro. Respecto del exsecretario parlamentario y «arrepentido» Mario Pontaquarto, la pena pedida había sido menor: un año y medio para la Fiscalía, un año en suspenso, para la Oficina Anticorrupción.
Tanto la Fiscalía como la Oficina Anticorrupción, optaron por no acusar al exministro de TrabajoAlberto Flamarique y al exsenador Ricardo Branda, por considerar que durante el debate no se produjo suficiente prueba para ello.
A las 15,30 horas, los jueces Miguel Pons, Fernando Ramírez y Guillermo Gordo dieron inicio a la lectura del fallo en los tribunales federales de Retiro.
Branda negó las coimas y dijo que esta causa penal se originó por “una operación política” del kirchnerismo para “meter preso a Isabel Perón, Carlos Menem y Fernando de la Rúa” porque, sostuvo, “necesitaba ampliar la popularidad porque había ganado sólo con el 22 por ciento de votos”.
Y Constanzo únicamente agradeció al tribunal que le ha dispensado durante este juicio y pidió a los magistrados “una sentencia consecuente con lo que acá ha quedado demostrado”.
Antes de que comenzara la audiencia, militantes de la CGT Azopardo volantearon a las puertas del TOF3 y en toda la planta baja de la sede judicial y en ellos advertían que un eventual fallo absolutorio significaría avalar un hecho de «corrupción».
Fuente: Perfil.com
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