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ADEPA rechazó la demanda de Báez: «La censura previa es inconstitucional»

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas emitió un comunicado tras la solicitud del empresario de una cautelar para que no se publique más información sobre sus alquileres a los Kirchner.

Lazaro Baez

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó hoy su «profunda preocupación» ante el pedido de Lázaro Báez para que la Justicia dicte una medida cautelar que, «de ser aceptada por la Justicia, implicaría una clara práctica de censura previa».

A través de un comunicado, ADEPA cuestionó que el dueño de Austral Construcciones, salpicado por el pago de millonarios «alquileres» al matrimonio Kirchner, solicitara que “se ordene a los organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre S.A. y de las empresas con las que esta se encuentra vinculada comercialmente”.

Según expuso la entidad periodística, citando partes de la denuncia, Báez alega que podría haberse cometido un delito al obtener la información de la nota periodística «de manera ilegal». No obstante, señaló ADEPA, la Constitución Nacional prohíbe de manera expresa la censura previa en su artículo 14.

«Asimismo, el artículo 13° inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), prescribe que el ejercicio de la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”, sostuvo la entidad.

El comunicado termina diciendo que «ADEPA exhorta a lasautoridades judiciales competentes a rechazar in limine la medida cautelar solicitada, para preservar el derecho esencial a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, ya que ello es consustancial a la práctica democrática y republicana, máxime cuando se alude a presuntos negocios vinculados con funcionarios públicos».

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