El Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado, en julio del corriente año, el pliego para el ascenso del general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani al grado de teniente general.
El pliego era consecuencia de la designación de Milani como jefe del Ejército Argentino. El artículo 99, inciso 13º, de la Constitución Nacional atribuye al presidente de la Nación conceder con acuerdo del Senado “los empleos o grados de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”.
Dicho pliego fue retirado para ser tratado posteriormente, a fin de año, junto a los demás requerimientos de ascensos.
El sorpresivo retiro del pedido de ascenso se debió a que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), consultado por el Senado, envió a este una extensa misiva, fechada el 22 de julio, en la que consideraban en definitiva que el ascenso del citado general debía ser rechazado. Explicaba que si bien en principio no obraba información sobre la participación de Milani en delitos de lesa humanidad, posteriormente habían reunido información que vinculaba al general con hechos que se investigan en causas judiciales por tales crímenes.
El caso Ledo
La primera se refería al sumario instruido por el subteniente César Milani, por orden de su superior, capitán Esteban Sanguinetti. Dicho sumario se inició el 28 de julio de 1976 por la “deserción” del soldado conscripto Agapito Alberto Ledo. Concluyó dos días después. Adujeron que “el soldado Ledo había fugado del vivac del batallón de Montero, provincia de Tucumán, el 17 de julio pasado”.
Constituía falta grave: lo consideraron desertor. Suscriben la resolución el sargento ayudante Roberto Lotero y los mencionados Milani y Sanguinetti.
Fue el mecanismo aplicado para la desaparición forzada de jóvenes que se encontraban cumpliendo el servicio militar, y su consiguiente asesinato.
Fueron 129 soldados secuestrados, desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar, según la investigación del capitán retirado José Luis D’Andrea Mohr.
La desaparición del conscripto Ledo está registrada en el anexo original de la Conadep, en página 249. La denuncia de la madre también consta en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso 3.518).
El caso Olivera
El otro caso surge de la denuncia formulada por Ramón Alfredo Olivera el 21 de agosto de 1984, ante la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja y ratificada este año ante la Justicia federal.
La investigación la lleva adelante el fiscal Darío Illanes. La denuncia de Olivera refiere al allanamiento de su domicilio, de donde se llevaron detenido a su padre al Batallón de Ingenieros 141, donde lo torturaron.
Al día siguiente, lo dejan en la vereda de su vivienda, hemipléjico. Luego detienen a Ramón y le aplican distintos tormentos. El propio Milani –que comandó ambos operativos– lo presenta al juez, hostigándolo y amenazándolo de manera continua.
Cuando el propuesto jefe del Ejército se presentó –aparatosamente– ante la Justicia federal en Tucumán y La Rioja, negó de forma rotunda su participación. Sin embargo, pronto quedó en evidencia la mendacidad de sus coartadas.
El sumario que dio por desertor a Ledo está documentado. No lo pueden ya falsificar ni hacer desaparecer. El legajo de la Conadep en el que la madre del soldado denuncia la desaparición de este y responsabiliza al jefe de Milani, capitán Esteban Sanguinetti, se encuentra en la causa radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán.
Luego de demorar cinco años el requerimiento del fiscal, el juez Daniel Bejas, en agosto de este año, tomó declaración indagatoria a Sanguinetti y decretó su procesamiento como presunto autor del delito de privación de la libertad y homicidio calificado en la persona de Alberto Agapito Ledo.
En la indagatoria, Sanguinetti reconoce que ordenó al subteniente Milani “investigar” y labrar el sumario correspondiente. Se encuentra preso.
Por el otro proceso, el fiscal Illanes ha avanzado en la investigación, que desacredita las excusas de Milani. Varios testigos corroboraron la veracidad de la denuncia.
En la portada del matutino Pagina/12 del 11 de diciembre de 2013, el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, refiriéndose al pliego del general Milani, manifestó: “Bajo el principio de presunción de inocencia, nosotros ratificamos la idea de que el pliego se trate”. Aclaró a continuación que “si eventualmente existe una condena de carácter judicial, después el Poder Ejecutivo tomará la medida correspondiente”.
Amenazas
Quizás el flamante jefe de Gabinete ignore que la madre del soldado conscripto desaparecido, Marcela Brizuela de Ledo, al atender un llamado telefónico el pasado 5 de diciembre, escuchó la siguiente amenaza: “Déjense de joder con los militares. Nosotros ganamos la guerra. Tus hijos ponían bombas”.
En cuanto al fiscal federal Illanes, recibió en su despacho a dos abogados de Buenos Aires, quienes exigieron acceder al expediente de las actuaciones de Olivera. Decían seguir instrucciones de la exministra de Seguridad y de Defensa Nilda Garré.
Ante la negativa de Illanes, se retiraron balbuceando amenazas. Estas se concretaron días después por medio del teléfono familiar, cuando le advirtieron que desistiera de sus investigaciones contra el general Milani; de lo contrario, pagaría un precio muy caro.
Ambas amenazas fueron denunciadas ante la Justicia. El propio fiscal dio una conferencia de prensa. Jorge Capitanich debería estar mejor informado.
Es cierto que será la Justicia la que –una vez más de manera tardía– deberá investigar a Milani por sus actividades cuando era subteniente en Tucumán y La Rioja. Pero las amenazas actuales de sus secuaces para que no prosperen las denuncias en las sedes judiciales ponen en tela de juicio el mentado principio, invocado por Capitanich.
No es probable que un inocente recurra a esbirros para amedrentar a quienes lo investigan.
Recordamos que, además del Cels, se oponen a la propuesta del Poder Ejecutivo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la referente de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Tiempo Latinoamericano, que preside Luis Miguel Baronetto, etcétera.
En conclusión: el pliego de ascenso del general César Milani no debe ser aprobado por el Senado de la Nación. Corresponde su pase a retiro y someterse de verdad a la Justicia federal de La Rioja y Tucumán.Fuente La Voz Por Rubén Arroyo. Abogado y miembro de la exConadep.
Fuente La Voz Por Rubén Arroyo. Abogado y miembro de la exConadep.
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