La Cámara Oral Criminal de Caleta Olivia, Santa Cruz, condenó este jueves a reclusión perpetua a tres de los 11 acusados por el crimen del policía Jorge Sayago, ocurrida en febrero de 2006 tras una revuelta de trabajadores petroleros.
Los jueces Humberto Monelos, Cristina Lembeye y Pablo Olivera determinaron una pena a reclusión perpetua para los acusados Hugo González, Inocencio Cortés y José Rosales.
Además, fue condenado como coautor del hecho Franco Padilla que en el momento del hecho era menor de edad, y Darío Catrihuala, quien deberá cumplir cinco años de prisión.
Los condenados a perpetua permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme. El detalle, sin embargo, no aplacó los enardecidos ánimos de familiares y militantes de Derechos Humanos, gremiales y otras organizaciones sociales.
El tribunal, conformado por Cristina Lembeye (presidente), Juan Pablo Olivera y Humberto Monelos, dio lectura a la sentencia alrededor de las 12:30 dejando en claro que se trata de la primera instancia y que quienes así lo consideraran pueden recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia provincial y, extraordinariamente, ante la Corte Suprema de la Nación.
Por otro lado, el Tribunal declaró nulas las acusaciones del Estado provincial por el delito de daños (que acusó la alcaidía de Las Heras) contra Víctor Catrihuala, Ramón Cortés, Juan Pablo Bilbao, Humberto Rosales, Hugo González y Franco Padilla.
Más tarde, al referirse a la sentencia vinculada estrictamente con el crimen de Sayago, indicó que por unanimidad se había decidido la absolución de Alexis Alihuén Pérez, Juan Domingo Bilbao (padre) y Juan Pablo Bilbao (hijo). Este último por el beneficio de la duda.
Además, por mayoría se decidió condenar a Pablo Daniel Mansilla, Carlos Omar Mansilla, Daniel Eduardo Aguilar, Néstor Enrique Aguilar y Leopoldo Rubén Bach a 5 años de prisión como coautores del delito de coacciones agravadas.
En tanto, a Víctor Catrihuala también se lo condenó a 5 años de prisión al considerárselo “participe secundario del delito de lesiones graves calificadas, por resultar la víctima miembro de una Fuerza de Seguridad en ejercicio de sus funciones”.
A PERPETUA
El máximo castigo fue para Ramón Inocencio Cortés, José Enrique Rosales y Hugo Humberto González a quienes se condenó a prisión perpetua al considerárselos “coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado”.
Finalmente, en lo que respecta a Franco Maximiliano Padilla se declaró su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, pero no hubo condena debido a que en febrero de 2006 era menor de edad.
La sentencia generó un inmediato repudio de quienes hicieron la vigilia en el exterior del edificio, muchos de los cuales llegaron desde otras ciudades del país. Además de los diputados nacionales por el Partido Obrero, Néstor Pitrola (Buenos Aires) y Nicolás del Caño (Mendoza), vinieron referentes del Partido de Izquierda; delegados de trabajadores de la fábrica Paty y de varias comisiones de Derechos Humanos. También se encontraba la hija de desaparecidos durante la dictadura militar, Alejandrina Barry, y una de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Elia Espen.
Todos ellos se movilizaron, con pancartas, banderas, bombos, redoblantes y altavoces, desde hora temprana por el centro de la ciudad hasta la Cámara del Crimen.
Ante el anuncio de la prisión perpetua para tres de los imputados, profirieron gritos de insulto hacia los miembros del Tribunal y los policías afectados a la custodia de la Cámara.
La columna se retiró luego hasta la plazoleta del monumento al Obrero Petrolero donde se expresaron varios oradores que convocaron a un paro nacional por este fallo.
A todo esto, tanto los acusados, como sus abogados y periodistas, vivieron una odisea para abandonar la sala de audiencias porque el personal de Prefectura no se los permitía, aduciendo que querían resguardar la integridad física ya que pensaban que en el exterior se había desatado una batalla campal, lo que nunca ocurrió.
Una vez que los condenados lograron salir del edificio se abrazaron fuertemente con sus familiares y se sumaron a los insultos por considerar “injusta” la sentencia.
(Fuente: diario El Patagónico)
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