Los asambleístas de Gualeguaychú protagonizaron una nueva protesta contra la instalación de la planta de celulosa UPM – ex Botnia- en Uruguay, el mismo día en que el gobierno de José «Pepe» Mujica anunció la extensión del permiso para el funcionamiento de la pastera por tres años. Esta vez, el reclamo tuvo de escenario, como siempre, el puente General San Martín, en la frontera con el país vecino, pero también el río Uruguay.
Los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú se movilizaron contra el aumento de producción de la pastera y «contra el silencio por parte de los funcionarios argentinos».
Los asambleístas, que hace dos semanas se declararon «en alerta permanente», recordaron que la compañía se instaló en la margen oriental del río Uruguay sin la licencia social por parte del gobierno argentino.
Las marchas, por agua y por tierra, tuvieron lugar desde las 15 hasta las 18, en medio de un fuerte operativo policial desplegado por el gobierno de Mujica.
La caravana náutica estuvo integrada por unos 20 barcos que salieron a las 15 del puerto de Gualeguaychú y recorrieron unos 30 kilómetros hasta la planta de celulosa, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Allí, cuestionaron con duros términos, a través de un megáfono, la instalación de la pastera.
Por tierra, en tanto, se movilizaron unos 25 automóviles que llegaron hasta el peaje, pero el operativo de seguridad -que contó con 150 militares, más un helicóptero, fusileros navales y buzos táctios- no les permitió ingresar a Uruguay.
Además de la marcha de hoy, los ambientalistas evaluarán el próximo miércoles la posibilidad de tomar medidas para frenar el paso de los camiones que transportan los materiales para la papelera.
El pasado 2 de octubre, Mujica anunció que autorizaba unilateralmente el incremento de producciónde la papelera en unas 100.000 toneladas, la mitad de lo que UPM había solicitado, y bajo la condición de implementar nuevas medidas de protección medioambiental.
La decisión motivó gran malestar en el Gobierno argentino, que ha amenazado con recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Hoy, el gobierno de Mujica volvió a agitar las aguas al convalidar la implementación de controles ambientales en la planta de celulosa UPM y otorgarle una nueva autorización completa hasta 2016.
Fuente: La Nación
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