El decreto 1935/2013, publicado hoy en el Boletín Oficial, designó en la función al predecesor de Axel Kicillof, Hernán Lorenzino. Pero hay una sorpresa. El ex ministro de Economía, desplazado de su anterior función tras el regreso de Cristina Kirchner de la licencia médica, desempeñará esa función en calidad de «ad honorem». Es decir, trabajará gratis, al menos hasta que el Congreso defina y apruebe su pliego como embajador de la Unión Europea.
Con la norma -que lleva las firmas de la presidente, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y Kicillof-, también se designó al coordinador de la Unidad, que asistirá a Lorenzino en la tarea. Se trata de un hombre de su confianza, Adrián Cosentino, desplazado con los cambios ministeriales como titular de la secretaría de Finanzas.
El cargo de Lorenzino, que tiene la jerarquía de un secretario del Poder Ejecutivo, tendrá varias funciones. Además de «asistir y asesorar» a Kicillof en la reestructuración de la deuda pública, deberá participar «en las negociaciones inherentes a los aspectos crediticios de la política financiera y el endeudamiento externo con entes y organismos financieros extranjeros, multilaterales, públicos o privados». En la misma línea, también deberá ejercer «la coordinación de las representaciones en el exterior».
«Se persigue encarar integralmente las acciones necesarias para continuar con la renegociación y reestructuración vinculada a la cancelación de los servicios de deuda con organismos financieros internacionales y de deuda externa oficial bilateral así como con los poseedores de bonos que no participaron de los canjes de deuda de los años 2005 y 2010″, sostiene el decreto en sus considerandos.
Entre las negociaciones que encabezará el economista está el cierre de la deuda con el Club de París. La deuda con el grupo integrado por las principales potencias europeas asciende desde 2001 unos 8.900 millones de dólares. Según los especialistas, ponerle un punto final a la cuestión significaría una buena señal para que los capitales del viejo continente aumenten su inversión en Argentina.
Por otro lado, también deberá resolver los 45 casos pendientes que mantiene el país en el Ciadi, de acuerdo a un análisis realizado por el Instituto para el Desarrollo Social de Argentina (Idesa). Ya avanzó en esa dirección el mes pasado, cuando selló un acuerdo con cinco empresas extranjeras que reclamaban casi 700 millones de dólares.
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