El arzobispo de Santa Fe y presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, y el obispo de Chascomús, monseñor Carlos Malfa, negaron que la Iglesia haya negociado con el Gobierno eventuales cambios en el nuevo Código Civil.
«La participación de la Iglesia fue clara y pública. Actuamos con honestidad y responsabilidad, al plantear públicamente nuestro parecer como un servicio a una obra que nos compromete a todos. No hubo nada que no se conociera», aseguró Arancedo, en diálogo con diario La Nación.
El arzobispo de Santa Fe enumeró las propuestas que oportunamente los obispos dieron a conocer en documentos y audiencias públicas, al igual que otras instituciones, universidades, colegios profesionales y fieles católicos, y advirtió que muchos aspectos del dictamen que aprobó la Comisión Bicameral no coinciden con la posición de la Iglesia.
En tanto, Malfa expresó desde Roma, donde se encontró con el papa Francisco, que «la Iglesia no negocia ni muchos menos presiona, sino que ejerce con libertad su irrenunciable servicio a toda la sociedad en la fidelidad a Dios y a la dignidad humana».
Malfa y Arancedo son las principales voces de la Iglesia en lo que atañe a la reforma del Código Civil. Ambos integran, junto con el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, el Equipo Episcopal para la Vida, constituido para analizar las implicancias de los proyectos legislativos en temas inherentes a la vida humana y a la familia.
El titular del Episcopado celebró la decisión del Gobierno de postergar hasta 2014 la aprobación definitiva de la reforma del Código Civil. «Es una buena medida, para dar mayor tiempo de reflexión, en un tema en el que es necesario un mayor acuerdo político», señaló.
Arancedo consideró esencial la definición legal del comienzo de la existencia de la persona. El proyecto reconoce que la vida humana comienza desde la concepción, sea dentro o fuera del seno materno. «Desde ese momento hay vida humana y debe ser protegida sin importar las circunstancias. Los embriones no son cosas», dijo, en sintonía con la redacción final del dictamen. El proyecto oficial dejó de lado la idea original de remitir la protección del embrión no implantado a una ley adicional. También desestimó la figura de la maternidad subrogada (alquiler de vientres).
«Valoramos que se haya excluido la legalización de la maternidad subrogada y reforzado la prohibición de la manipulación genética. Pero se propone una regulación incompleta de las técnicas de procreación artificial, que podría incluir, la fecundación post mórtem, aunque se la haya suprimido», advirtió Arancedo.
También le inquieta la posibilidad de la filiación fundada en la «voluntad procreacional», que «privilegia los deseos de los adultos sobre los derechos del niño y conculca el derecho a la identidad de esos chicos, ya que queda sujeta a la voluntad de los adultos. Un criterio sugestivamente opuesto a la política que el Gobierno siguió respecto del derecho a la identidad de los niños apropiados en la dictadura militar».
En cuanto al matrimonio, Arancedo explicó que las normas referidas no dejan tranquila a la Iglesia. «Se lo convierte en una institución completamente frágil e incluso menos exigente que la cohabitación sin matrimonio. Y queda debilitada por el deseo de un divorcio exprés», afirmó el presidente del Episcopado.
Como lo expresa el documento aprobado por los obispos en la asamblea plenaria de abril de 2012, Arancedo destacó el «carácter modélico» que debe tener el Código Civil. «La ley no es una fotografía de lo que ocurre, sino una orientación que tiene una función docente», dijo.
El arzobispo de Santa Fe tiene en claro la separación de órbitas entre la Iglesia y el Estado. Pero reivindica la función de ésta de proponer principios básicos para la convivencia social. «Elaborar leyes es función del Estado y no de la Iglesia. Pero ella tiene la obligación de colaborar con la sociedad en un marco de reflexión y diálogo, en la búsqueda de aquellos principios morales objetivos que son el fundamento de toda obra legislativa», concluyó.
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