Un gobernador armó una “caza de brujas” contra la delincuencia y desató la polémica. Se trata del gobernador K Alberto Weretilneck, quien difundió una lista con decenas de nombres de personas con antecedentes y que, estando en libertad, integrarían bandas que operarían en Bariloche. Además, dio a conocer barrios y centros clandestinos de venta de alcohol.
El mandatario provincial del Río Negro aseguró que esa es la manera que encontró para ejercer presión sobre los jueces para que actúen en contra de la criminalidad en la ciudad cordillerana.
La “lista negra” se viene elaborando desde los saqueos de diciembre de 2012, que terminaron con alrededor de una decenas de supermercados y comercios robados en el Alto de Bariloche, zona cuyos habitantes mostraron malestar frente a la iniciativa, pues consideran que la denuncia pública los estigmatiza.
Días atrás, un grupo de madres de seis jóvenes del barrio 2 de Abril presentaron hábeas corpus ante el Juez Martín Lozada con el propósito de resguardar la integridad de sus hijos, mencionados en el recuento de Weretilneck.
«Existe un estado constitucional de inocencia. Toda las personas son inocentes hasta tanto no haya una sentencia firme. En esta lista, de la cual no se sabe mucho, hay personas que habrían detenidas pero no surge que hayan sido condenadas. Viola sus derechos constitucionales», le indicó el magistrado, quien le reclamó al gobernador que le informe de manera urgente quiénes la confeccionaron y bajo qué bases.
Pero eso no es todo, entre los presuntos delincuentes se halla un joven que era menor en el momento de serle iniciadas las causas penales, hecho que viola la «confidencialidad que rige las actuaciones penales en las cuales se investiga a personas menores de edad», agregó Lozada.
En la nómina se halla Aroldo Octavio Nieves, un suboficial de la Policía de Río Negro retirado, de 48 años, cuyo decreto de retiro fue firmado por el propio Weretilneck. Nieves, incluso, recibió una placa por su destacada labor durante 25 años en la fuerza. El ex efectivo tiene 7 hijos y, curiosamente, ninguna causa penal.
«Con este acto se sale a hacer una caza de brujas y que nada hace en contra del crimen. Es una irresponsabilidad porque esta gente tiene familia, tiene hijos que van al colegio y se los estigmatiza. Es grave porque genera confrontación en la sociedad. El ciudadano común puede comentar este o tal nombre, pero un gobernador tiene una investidura y el poder de hacer investigaciones, modificar las cosas», cuestionó Gustavo Gennuso, del partido Pueblo y ex candidato a intendente.
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