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Apartaron al juez de la tragedia de Rosario por «dar opinión» a los medios

La Cámara Penal ordenó que Javier Beltramone abandone la investigación, al avalar las recusaciones de Litoral Gas y el consorcio por «falta de imparcialidad». Quién toma la causa.

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En un fallo dividido, la Sala IV de la Cámara Penal apartó al juez a cargo del caso la explosión de gas en Rosario en la que murieron 22 personas, Javier Beltramone. De esta manera, la investigación pasará a manos del juzgado de Instrucción Nº 10, a cargo de Irma Patricia Bilotta, según precisaron fuentes judiciales.

La recusación contra el magistrado fue presentada otra vez por los abogados Víctor Corvalán, que patrocina a María Calvillo y Carlos Repupilli -los administradores del consorcio de Salta 2141- y Walter Stramazzo, uno de los representantes de Litoral Gas, informó este mediodía el diario La Capital de Rosario.

El pedido de la defensa fue presentado por considerar que Beltramone «no ofrece ninguna garantía de imparcialidad» a raíz de los comentarios que, según aseguraron, formuló a los medios de comunicación.

Stramazzo explicó que Beltramone había ofrecido entrevistas periodísticas en distintos medios en los que supuestamente «anticipó opinión, adjudicando responsabilidad a la empresa«.

El letrado, que representa a ocho funcionarios de Litoral Gas, concluyó que «está prohibido bajo causal de recusación cuando los jueces preopinan» y consideró que «todas estas afirmaciones dan la sospecha de falta de ecuanimidad o de objetividad».

Beltramone, hasta hoy a cargo de la instrucción de la causa por la tragedia de Rosario, había rechazado en dos oportunidades las recusaciones de Walter Stramazzo, uno de los abogados que patrocinan a la empresa prestadora del servicio de gas, y el abogado Víctor Corvalán, representante legal de Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, los querellantes del consorcio, agregó el matutino rosarino.

De esta manera, Irma Patricia Bilotta será la tercera jueza del caso, ya que al ocurrir la tragedia, la causa, por sorteo, recayó al juez de instrucción Juan Carlos Curto quien de inmediato se declaró «incompetente» alegando que «no puede dictar penas privatorias de la libertad superiores a tres años».

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