«Hace más de dos años que Argentina está soltando delincuentes uruguayos detenidos en Argentina, que con un tercio de la pena los suelta y los exporta a Uruguay, los devuelve».
Así expresó su preocupación el ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, y argumentó que el problema está en la legislación argentina.
El artículo 29 de la Ley de Migración de Argentina, que rige desde 2004, expresa que una de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros es «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más».
Uno de los problemas se centraliza en el beneficio que reciben los delincuentes cuando reciben la mitad de la condena, contemplado en uno de los supuestos establecidos en los acápites I y II del artículos 17 de la ley 24.660, en el que expresa que los individuos contemplados en esos casos serán expulsados.
Las afirmaciones del ministro uruguayo coinciden con la reciente liberación de Mario Vitette Sellanes, responsable del copamiento del banco Río de Acassuso (Buenos Aires) el 13 de enero de 2006, en un caso conocido como “Robo del Siglo”. Sellanes es uruguayo y ya cruzó el Río de la Plata.
Bonomi, mano derecha del presidente Mujica y uno de los principales dirigentes del oficialista Movimiento de Participación Popular (MPP), declaró a los medios locales: «Hace más de dos años que Argentina está soltando delincuentes uruguayos detenidos en Argentina. Con un tercio de la pena cumplida los suelta y los devuelve a Uruguay».
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