«El Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal», subrayó una declaración de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial. El organismo, a su vez, responsabiliza a la judicatura del país de haber incurrido en«acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención».
Durante los casi 17 años de la dictadura del general Pinochet, unas 28.000 personas fueron torturadas, 2.279 ejecutadas y 1.248 fueron detenidas y todavía se desconoce su paradero, según informes oficiales.
«El Poder Judicial pudo haber hecho y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto», dijo la organización, que pidió a la Corte Suprema «realizar también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado».
Comentarios