Decenas de manifestantes a rostro cubierto encendieron barricadas y se enfrentaron a la policía al término de una marcha en recuerdo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el inicio de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende.
Los encapuchados lanzaron piedras y bombas incendiarias contra carros lanzaaguas de la policía uniformada, que también actuó con gases lacrimógenos.
Un grupo minoritario de manifestantes incluso intentó quemar una gasolinera y la sucursal de un banco, pero su acción fue frustrada por la policía.
Los encapuchados esperaron que culminara un acto cultural en el frontis del Cementerio General y luego encendieron barricadas y provocaron desmanes en las afueras de uno de los accesos al camposanto.
Carabineros denunció en su cuenta oficial de la red social Twitter que «personas encapuchadas, destruyen la propiedad pública en inmediaciones del Cementerio General, lanzando elementos contundentes a Carabineros».
Por su parte, el ex líder estudiantil y hoy candidato a diputado independiente Giorgio Jackson, quien participó en la marcha, criticó el actuar policial y denunció que quienes caminaban pacíficamente fueron «intoxicados arbitraria y gratuitamente» por los carros laza gases.
«No podemos seguir tolerando la represión policial a quienes vinimos a marchar en paz», dijo Jackson en su cuenta Twitter.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, en tanto, criticó que «a 40 años se nos siga reprimiendo aquí en la calle y se siga asesinando a los jóvenes en democracia».
La manifestación denominada «Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria» convocó a millares de personas el domingo, quienes caminaron hacia el Memorial del Detenido Desaparecido y el Ejecutado Político en conmemoración de los 40 años del golpe de Estado que dio inicio a una cruenta dictadura que se extendió por 17 años.
La multitudinaria marcha avanzó por más de veinte cuadras en los alrededores de La Moneda, la sede de gobierno, donde Allende se suicidó para evitar caer en las manos de los militares golpistas el 11 de septiembre de 1973.
Miles de pancartas con los rostros de muchos de los 3.095 asesinados por la dictadura, entre ellos ejecutados y detenidos desaparecidos, fueron protagonistas de la manifestación convocada por la Asamblea nacional de Derechos Humanos.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que llegó el momento de mirarse a la cara con quienes quieran construir un país justo y sin impunidad.
Advirtió que para ello la justicia y la memoria son fundamentales.
«La verdad, la justicia y la memoria son fundamentales para construir un país que se mire a la cara, no con criminales, no con la impunidad, hay que mirarse a la cara para construir un país que ponga en el centro el respeto y la defensa de los derechos humanos», afirmo Pizarro.
Frente a la ola de solicitudes de perdón por acciones u omisiones cometidas antes y durante el régimen militar, iniciada por un senador oficialista, que fue seguido por el Poder Judicial y otros, Pizarro advirtió que «las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio, porque ninguno ha dicho que debe haber verdad y justicia, porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quienes son los uniformados y civiles involucrados con estos crímenes… el perdón no significa impunidad»., señaló.
Durante el régimen militar (1973-1990) hubo poco más de 40.000 víctimas, principalmente presos políticos y torturados, incluidos 3.065 asesinados. Entre los muertos hay un grupo de casi 1.200 detenidos desaparecidos, de los cuales se han logrado recuperar e identificar restos o fragmentos de huesos, algunos de menos de dos centímetros de diámetro, de 125 opositores.
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