La Argentina apeló en la noche del viernes el fallo adverso de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la demanda iniciada por los fondos buitre, que pretenden cobrar sin quita bonos en default por 1.330 millones de dólares. Se busca la revisión de esa orden por parte de los tres jueces que adoptaron el fallo y una solicitud para que la decisión sea analizada por los 13 miembros del tribunal.
Bajo el título «Petición para la revisión de la causa por parte del panel y revisión de la causa ante el Pleno de la Parte Demandada-Apelante República Argentina», ingresó el documento firmado por los abogados que defienden al país, del estudio Cleary Gottlieb.
En la presentación, la Argentina dejó en claro su vocación de pagar la deuda, pero en las mismas condiciones que a quienes entraron a los canjes anteriores. Los abogados fueron los encargados de realizar la presentación sobre el filo del vencimiento del plazo, que se producía a la medianoche.
Asimismo, la Argentina abrirá el canje de deuda por tercera vez con el objetivo de captar el 7% que no ingresó en su momento, lo cual ya cuenta con la aprobación del Senado.
El escrito busca lograr la revisión del fallo que ratificó que el país debe pagarles a los holdouts la totalidad de la deuda. Esta decisión queda en suspenso hasta tanto la Corte Suprema analice si evaluar o no el caso.
Se solicitó también que ese fallo sea ratificado «en banc», es decir ratificado por todos los miembros del Tribunal, ya que la sentencia contra la Argentina fue establecida por solo tres camaristas.
Para la Argentina, «las ordenes enmendadas no sólo le prohíben a un soberano realizar pagos en su propio país a tenedores de su deuda reestructurada -esencialmente anulando el efecto de dos reestructuraciones aprobadas por este Tribunal-, sino que también inhabilitan al fiduciario de dicha deuda y a otros participantes en el sistema financiero, muchos ubicados fuera de los Estados Unidos, como por ejemplo Euroclear, para procesar pagos, bajo amenaza de desacato», sostiene el texto.
La estrategia del Gobierno es ganar tiempo y los tiempos procesales de Estados Unidos ayudan. Si la Cámara rechaza la apelación, la Argentina tiene el recurso de pedir la intervención de la Corte Suprema y dispone de 90 días para concretarla.
A fines del 2014 vence el derecho que tienen los acreedores a reclamar una compensación en el caso que algún bonista obtenga condiciones de pago m s favorables, lo cual también explicaría la necesidad de la Argentina de ganar tiempo.
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