Uno de los abogados querellantes en la causa en la que se investiga al ex prefecto del Seminario Menor de Paraná, Justo José Ilarraz, acusado de abusar de al menos 50 seminaristas, abandonó el caso luego de sufrir un atentado con artefactos explosivos.
Milton Urrutia, el abogado que fue seminarista en los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto y que tuvo que abandonar la vocación porque, según dijo, le «arruinaron la vida», reveló que ayer explotaron dos bombas caseras en el garaje de su casa, donde también había una carta en la que le decían que se «deje de joder con la causa de los curas y que la próxima iba a ser un tiro en la vivienda».
El abogado, que representa a varios exseminaristas que denunciaron haber sido abusados por Ilarraz, responsabilizó del atentado a “un grupo organizado de cuasi terroristas”.
«Atento a las amenazas que vengo recibiendo, he resuelto no continuar con la causa Ilarraz. Me han agotado y no hay garantías», reconoció.
El letrado dijo a Télam que en los años en que estuvo internado en el seminario de Paraná, el lugar «era un campo de concentración» y remarcó que las autoridades del seminario «tenían que cuidarnos y amarnos porque nos estábamos preparando para ser sacerdotes, pero a muchos nos frustraron y tuvimos que abandonar la vocación».
Urrutia hizo un ferviente llamado para que el papa Francisco «no permita que Ilarraz siga ejerciendo como sacerdote» y reclamó el «cierre» del seminario local o que, en su defecto, tenga «un control estricto del Consejo Provincial del Menor (COPNAF), porque en él hay menores de edad».
Ayer se conoció que el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Vaticano una investigación previa sobre las acusaciones que pesan contra Ilarraz quien, hasta que estalló el escándalo en setiembre del 2012, se desempeñaba como párroco en la localidad tucumana de Monteros.
En declaraciones periodísticas, Bovero explicó que su misión es «hacer la investigación previa y devolver todo lo instruido a la Santa Sede».
Recientemente, la Cámara del Crimen de Paraná rechazó el fallo de primera instancia del juez de Instrucción Alejandro Grippo y concluyó que los delitos que se le imputan al sacerdote están prescriptos, pero la Sala Primera de la Cámara del Crimen concedió el recurso de casación pedido por la fiscalía y anunció que convocará a una audiencia pública en la que se debatirá la apelación.
El recurso de casación fue presentado por el fiscal Martín Cotorruelo, quien reprochó el apresuramiento de la Cámara en cerrar la investigación, al declarar la prescripción, sin aguardar a que se dilucide cuántos hechos ocurrieron y hasta qué período de tiempo se extendieron los abusos.
Urrutia es el segundo abogado querellante que se aparta de la causa, luego del alejamiento de Marcos Rodríguez Allende, exrepresentante de una de las supuestas víctimas de Ilarraz, que tomó la decisión de abandonar el caso por “cuestiones personales”.
El 25 de febrero pasado, Rodríguez Allende había pedido la imputación del exarzobispo local y actual cardenal, Estanislao Karlic, por el delito de encubrimiento.
El abogado sostuvo que «hay responsabilidad penal» de parte de Karlic por mantener oculto el caso.
Allende denunció a Karlic porque en 1996 tomó conocimiento de los abusos y porque, cuando una investigación interna corroboró los abusos, «hizo guardar todo” y no comunicó nada a la justicia.
Hasta el momento han declarado ante la justicia entrerriana siete ex seminaristas, que detallaron los abusos de que fueron víctimas.
También declaró el párroco de San Benito Abad, Leonado Tovar, quien avaló los dichos de las víctimas y el cura Pedro Barzán, actualmente radicado en Italia, que dijo haberse enterado de los hechos a través del testimonio de una de las víctimas.
La causa contra Ilarraz está caratulada como «promoción a la corrupción de menores agravada» y fue impulsada de oficio por la Procuración General de la Provincia.
El actual arzobispo de Paraná, monseñor Puiggari, fue rector del seminario local entre 1992 y 1997 y el primero en tomar conocimiento de los abusos cometidos por Ilarraz.
Puiggari llevó el caso ante Karlic, quien en 1995 ordenó la realización de una investigación diocesana, cuyos resultados se mantuvieron en secreto.
Tras la denuncia, Karlic autorizó a Ilarraz a viajar a Roma para perfeccionarse y el caso de los abusos quedó cerrado para la iglesia.
El cura Ilarraz es defendido por Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz, mientras que las víctimas están representadas, tras la renuncia de Rodríguez Allende y de Urrutia, por los abogados querellantes Walter Rolandelli, Alvaro Piérola y Marcelo Baridón.(
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