El gobernador Daniel Peralta confirmó la decisión de reemplazar al comisionado de Jaramillo y Fitz Roy en el marco de una rueda de prensa que ofreció el jueves en Río Gallegos junto a miembros de su gabinete. Allí también se refirió a que insistirá la derogación de la Ley de Lemas y denunció un pacto fiscal que le quiere imponer el gobierno nacional en torno a la Caja de Previsión.
Lo de Marcelino Pérez lo dijo como al pasar y el tema quedó virtualmente eclipsado entre el cúmulo de declaraciones, pero sus dichos causaron un gran revuelo en las dos pequeñas comunidades de la zona norte santacruceña, separadas por pocos kilómetros, donde el anuncio fue tomado como una “revancha política” y a cuenta de las recientes elecciones legislativas primarias.
A todo esto, debe recordarse que en Santa Cruz, las localidades que no poseen más de mil habitantes empadronados tienen el rango de comisiones de fomento y a la autoridad responsable la designa el propio gobernador, como también ocurre en Cañadón Seco, Tres Lagos, Hipólito Yrigoyen (ex Lago Posadas) y El Chaltén, aunque esta última pronto adquirirá la jerarquía de municipio.
CONVULSIONADAS
Jaramillo y Fitz Roy eran inicialmente poblaciones rurales que tuvieron un lento crecimiento por ser parte de los “pueblos de la vía” cuando el ferrocarril pasaba por allí, tras lo cual afrontaron un prolongado proceso de languidecimiento.
Preservan patrimonios históricos de la huelga rural de 1921 ya que en una estación de trenes próxima, que se denominaba Tehuelches, las tropas del Ejército comandadas por el teniente coronel Héctor Varela fusilaron a varios trabajadores, entre ellos el famoso José Font (Facón Grande), constituyéndose en los acontecimientos más convulsionados de su historia.
Pero ahora, gran parte de los nuevos vecinos se preparan para otra resistencia de tipo social: la defender al comisionado Marcelino Pérez, un militante justicialista que ya no comulga con la línea del gobernador Peralta.
Para colmo, su esposa es nada menos que Ana María Urricelqui, ex ministro de Desarrollo Social, ex diputada provincial y actual candidata en segundo término a diputada nacional por la lista kircherista que lidera Mauricio Gómez Bull, es decir, contraria al mandatario provincial.
Algunos vecinos contactados telefónicamente por Diario Patagónico dijeron que no van a permitir el avasallamiento que quiere imponer Peralta y que están dispuestos a realizar una pueblada si es necesario.
Recordaron que Pérez comenzó a ser comisionado a partir de 2007 y luego tuvo que reemplazar a su esposa en 2011 cuando ella también fue comisionada pero tuvo que asumir como legisladora provincial.
“Lo de etapa agotada” es un despropósito, aseguraron, porque en los últimos años en ambas localidades, gracias a la gestión de ese matrimonio, se construyeron gimnasios, se pavimentó un tramo de ruta y se afirmó la preservación de los bienes que constituyen el patrimonio histórico de ambas poblaciones.
Por otro lado citaron que también se construyó una comisaría, se incorporaron tres minubuses y recientemente una ambulancia para el puesto sanitario gracias a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que preside Alicia Kirchner.
En consecuencia, sostuvieron “aquí está en claro que el gobernador Daniel Peralta lo que quiere es tomarse un revancha política y nosotros no lo vamos a permitir y menos que nos vengan a poner un funcionario que seguramente querrá enviar desde otra localidad”.
A todo esto, pudo saberse que hasta ayer Marcelino Pérez no había recibido ninguna notificación oficial de su reemplazo e incluso estaba elaborando un convenio de colaboración mutua con la municipalidad de Puerto Deseado.
(Fuente: www.elpatagonico.net)
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