Los concejales continuaron hoy con el análisis de las propuestas para aumentar los montos de las multas por infracciones de tránsito. Los concejales Mauricio Oyarzo y Héctor Garay coincidieron en plantear “una propuesta integral a la situación del tránsito en Río Grande”, además reclamaron mayores acciones por parte del Municipio y consideraron necesario “sancionar una norma que sea aplicabable y no confiscatoria” que además “no tenga fines solo recaudatorios” sino también “educativos”-.
Los Concejales recibieron a funcionarios del Municipio local y representantes del Juzgado de Faltas a los efectos de continuar con el análisis de los proyectos presentados por el Ejecutivo y el concejal Alejandro Nogar referido a incrementar el valor de las multas para las infracciones de tránsito por casos de alcoholemia.
El encuentro, que se desarrolló en la presidencia del Concejo, fue presidido por el concejal Mauricio Oyarzo y contó con la presencia de los concejales Alejandro Nogar; y Héctor Moncho Garay en tanto que el Municipio estuvo representado por el Secretario de Gobierno Paulino Rossi; el subsecretario de Gobierno, Alfredo Ballarini; y el Director de Tránsito, José Diaz. En tanto que en representación del Juzgado de Faltas Municipal asistió la Dra. Paola Mangialavori.
Luego del encuentro y a modo de conclusión el concejal Mauricio Oyarzo aclaró que el Concejo Deliberante “siempre ha estado trabajando en este tema” por lo que se quejó por los reclamos públicos de los funcionarios “porque pareciera que nosotros no tomamos en cuenta este tema cuando no es así, nosotros estamos analizando un cambio integral a la mayoría de las Ordenanzas solicitadas sobre este tema”.
Por lo tanto remarcó que los Concejales “entendemos que no solo debe ser punitorio o recaudatorio sino también debemos hacer hincapié en las inhabilitaciones” en tal sentido indicó que sobre este punto “estamos trabajando con el Juzgado de Faltas y pronto llamaremos al juzgado correccional”.
Oyarzo reconoció que “se trata de un tema controvertido” y si bien remarcó que “el que bebe no puede conducir” consideró que “hay que evitar poner multas cuantiosas que la gente no pueda pagar y se convierta en una morosidad que no es lo que buscamos”.
De esta manera ejemplificó con la propuesta del Municipio que “propone pasar de un mínimo de 500 unidades punitorias a 3500 es decir pasar de un monto de $3.000 a 18.000 y estamos trabados en esa discusión”.
De esta manera insistió en la necesidad de “tomarnos un tiempo prudencial para continuar la discusión; aclarar los puntos grises de la Ordenanza; y consensuar una norma”.
Además Oyarzo reveló que se le reclamó al Municipio “más acciones directas” en cuanto al tránsito referido a “mayor presencia de inspectores de tránsito en la calle dado que en la actualidad nos informaron que hay alrededor de 40 agentes para un parque Automotor de 50.000 unidades”.
También se avanzó sobre la posibilidad de descomprimir el trabajo del Juzgado de Faltas para “que las multas sean giradas a Rentas del Municipio para facilitar también el pago por parte de los vecinos”.
Decisión Salomónica
Por su parte el concejal Héctor “Moncho” Graray explicó que el Concejo Deliberante “tenemos a cargo la necesidad de adoptar una decisión salomónica para que el vecino pueda pagar la multa y que se trate de una acción correctiva y no solo recaudatoria” por lo que reclamó otro tipo de acciones del Ejecutivo como “la implementación de la escuela de manejo” dado que “este Concejo Deliberante tiene una visión integral de la problemática del tránsito”.
Entendiendo que la propuesta del Ejecutivo impone un monto “excesivo porque llegaba a ser el 20% del valor de un vehículo chico”
Y manifestó que el Concejo, por su parte, esta procurando, además “promover una cuestión educativa más que recaudatoria
Juzgado de Faltas
Paola Mangialavori del Juzgado de Faltas señaló que “la reunión fue positiva porque “analizaron los diferentes puntos que se intentan tratar en el marco de esta reforma que se proyecta, como así también las sugerencias que se hayan pedido y que se enviaron desde el Tribunal Administrativo de Faltas”.
En este sentido expresó que “una de las cosas que plantean como interrogante es evaluar como podrá hacer frente a su obligación el ciudadano que sea responsabilizado por una sentencia emanada desde el Juzgado de Faltas, y que le ordene a abonar una sanción de multa, que en este caso sería superior a la que actualmente está establecida”.
Respecto al monto del cual se está hablando, refirió que “la diferencia respecto al mínimo establecido actualmente en el código vigente y las propuestas que pudimos observar desde los dos órganos estatales hay una diferencia considerable, y nosotros desde el Tribunal de Faltas hicimos una evaluación del mínimo de la unidad de faltas en un intermedio, pero es una cuestión que finalmente deberá tratarse entre el órgano deliberativo y el ejecutivo, que son quienes efectivamente están trabajando en este proyecto, mientras que nosotros estamos haciendo una participación desde el plano asistencial y orientativo mediante estás sugerencias, pero no una intervención directa en lo que es la modificación de la ordenanza 2859 que es el código de faltas vigente”.
Comentarios