José Antonio Romero, secretario de Gobierno y Cultura de Lomas de Zamora y ex funcionario de los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, fue citado por el juez federal Claudio Bonadío para justificar su «enriquecimiento patrimonial apreciable».
Romero es funcionario de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y primer candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires.
Bonadío lo citó para el próximo jueves a las 10 en los tribunales de Comodoro Py 2002 (Retiro) en una causa donde se lo investiga junto a su entorno familiar por, según la denuncia, «haberse enriquecido ilícitamente durante sus funciones» en los gobiernos de Duhalde y Kirchner y como diputado nacional y subdirector general del Senado de la Nación.
Según la imputación del magistrado, Romero poseería cuentas en el exterior por 1.154.238 de dólares, terrenos en La Paloma, Uruguay, y dos proyectos inmobiliarios en Villa Pehuenia, Neuquén, además de bienes y cuentas de familiares.
Romero fue Subsecretario General de la Presidencia entre octubre de 2002 y mayo de 2003; secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa entre mayo de 2003 y febrero de 2004; diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, y subdirector General de Enlace Institucional y Cooperación Social de la Presidencia Provisional del Senado nacional entre marzo de 2006 y marzo de 2008.
La causa se inició luego de que la Justicia allanó las oficinas del «BNP Paribas» en el marco de una investigación de presunto lavado de dinero de empresas y particulares.
El fiscal de instrucción Sandro Abraldes envió a la Justicia federal las pruebas encontradas en el allanamiento contra Romero y un hermano, que daban cuenta de que entre 2002 y 2007 habrían sido titulares de inversiones y cuentas bancarias en el exterior.
Bonadío es el juez que más problemas le trajo al Gobierno en los últimos tiempos. A la imputación contra Romero se suma la indagatoria al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por abuso de autoridad contra consultoras privadas, y el pedido de detención y procesamiento contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien envió a juicio por la tragedia ferroviaria de Once.
(elcronista.com)
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