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Uruguay decide sobre la legalización de la marihuana

Diputados del país votará un proyecto de ley para regular el cultivo, la distribución y la venta, un plan inédito en América Latina.

El debate en la Cámara de Diputados de Uruguay comenzará a las 10:00, hora local (13:00 GMT), será seguido con atención en el Palacio Legislativo por los grupos civiles favorables a la despenalización de esa droga y promete ser extenso.

«Preveo que va a ser una sesión larga, de la que van a participar muchos legisladores«, afirmó el presidente de la Cámara Baja, Germán Cardoso, del opositor Partido Colorado, para quien la discusión puede llegar «hasta la medianoche«.

El izquierdista Frente Amplio, el partido del presidente José Mujica, impulsor del proyecto, ha expresado en las últimas horas su confianza en que la propuesta progrese, pese a las reservas expresadas por un legislador del bloque gubernamental cuyo voto puede resultar determinante.

Para aprobar la ley en la Cámara de Diputados, de 99 miembros, el FA necesita el respaldo incondicional de sus 50 parlamentarios, y el legislador de ese partido, Darío Pérez, ha objetado la iniciativa, aunque el oficialismo confía en que acabará acatando la disciplina partidaria.

El proyecto contempla la legalización de la compraventa y el cultivo de hasta seis plantas de marihuana, al tiempo que crea un organismo público que se encargará de regular todo el proceso, desde la importación de semillas a la distribución y venta, si bien descarta que sea el Estado el encargado directo de la producción.

Los consumidores que lo deseen podrán registrarse ante el organismo y comprar hasta40 gramos mensuales de marihuana en farmacias especialmente habilitadas.

La propuesta surgió hace un año por iniciativa de Mujica, como un esfuerzo para luchar contra el narcotráfico, entendido por el gobierno uruguayo como una lacra peor que la drogadicción.

Mujica, que en una reciente entrevista con EFE confesó no haber consumido nunca marihuana, cree que al pasar el Estado a controlar ese sector le arrebatará el mercado a los cárteles de las drogas.

Para Cardoso, el mandatario «se equivoca profundamente«, pues «en ningún país del mundo se ha logrado reducir el consumo porque se legalice», y Uruguay corre «el riesgo de convertirse en un destino turístico para el consumo libre, como es Holanda en Europa».

La venta en las farmacias a personas previamente registradas «invita también a que existan pequeños mercadeos de manera individual», pues «cualquier persona va a poder tener acceso a la dosis que da el Estado y después ¿quién controla quién la consume o quién la vende?«, se preguntó.

El también diputado del Partido Colorado Richard Sander anunció el lunes que si se aprueba la ley, iniciará una campaña de recolección de firmas para pedir un referéndum y anularla.

También el lunes, la consultora Cifra difundió una encuesta según la cual el 63 % de los ciudadanos rechaza el proyecto, y sólo el 26% está de acuerdo, unos porcentajes que se han mantenido desde el primer sondeo realizado cuando el tema se puso sobre la mesa, a mediados de 2012.

Aunque ningún país de América Latina ha llegado tan lejos en la materia, y algunos tienen posiciones muy críticas al respecto, Uruguay consiguió recientemente que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, expresara su respeto por el plan, una estrategia «que vale la pena ensayar«, consideró.

«No tenemos objeción a que se lleven adelante (leyes que legalicen la marihuana). No las acompañamos de forma abierta porque no tenemos el mandato de los países miembros, pero entendemos que éste es un tema abierto. El camino para la legalización de la marihuana está abierto«, dijo Insulza en una vista a Montevideo.

La legalización de la marihuana es también defendida desde hace años por ex presidentes y personalidades como el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria, el mexicano Ernesto Zedillo, el español Javier Solana o elperuano Mario Vargas Llosa.

De ser aprobada por los diputados, la iniciativa pasará al Senado, donde el FA tiene una mayoría suficiente y en el que ninguno de sus legisladores se ha mostrado contrario a votarla, por lo que se cree que antes de fin de año la norma podría entrar en vigor.

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