Un grupo de personas que promovió las últimas marchas contra el Gobierno nacional -las denominadas “13S”, “8N” y “18A”- impulsa una iniciativa para que los delitos de corrupción, cometidos por funcionarios públicos, sean imprescriptibles.
En diálogo con Cadena 3, el abogado Carlos Correa, uno de los que llevan la voz cantante del proyecto, explicó que la idea es instar al Congreso de la Nación a que debata la propuesta. Para que ésta se haga efectiva, debería hacerse una reforma del Código Penal.
“El objetivo es que este tipo de delitos, por más que pasen más 20 años, puedan ser juzgados. Se prevé que, si surgen nuevos elementos de prueba, puedan volverse a abrir las causas. Este punto es el más controvertido, pero merecde el debate”, afirmó.
En este contexto, señaló que los interesados en apoyar el proyecto deben entrar a www.iniciativaanticorrupcion.net o a la página de Facebook con el mismo nombre. “Pedimos que la gente descargue el proyecto, lo firme y lo presente, como si lo hubiese hecho esa persona”, detalló. “Todo apoyo suma; queremos que el tema pase a estar la agenda. Lo importante es que se trate”, añadió.
Un proyecto que “duerme” en el Congreso
El ex diputado nacional por la Coalición Cívica de Córdoba, Juan Carlos Vega, habló con Cadena 3sobre una iniciativa sobre los delitos de corrupción, que presentó en la Cámara baja y que nunca llegó al recinto.
El ex legislador dijo que el proyecto incluía cuatro medidas de fondo: a) el decomiso, antes de la sentencia judicial, de los bienes robados; b) la instauración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; c) la creación de agravantes punitivos para los denominados “delitos del poder”; y c) modificación del Código Procesal para terminar con los “jueces del poder”.
Con respecto a la suerte que corrió su propuesta en el Congreso, Vega contó que un legislador kirchnerista, que apoyó la iniciativa, le confió que desde la Casa Rosada le dijeron que el proyecto “no era prioritario”.
Por otra parte, Vega cuestionó con dureza el blanqueo de capitales, impulsado por el Gobierno nacional, y disparó munición gruesa contra los empresarios: “Me preocupa la liviandad con que éstos tomaron la creación de los Certificados de Depósito de Inversión (CEDIN)”.
“Es que los fondos del blanqueo provienen de cuatro delitos: la evasión fiscal, el soborno nacional y transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, y la trata de personas. Los que compren CEDIN adquieren plata que viene de esos delitos”, espetó.
Finalmente, enfatizó: “Son imbéciles y delincuentes los que promueven los CEDIN. Son empresarios de mirada corta y bolsillos largos. El Estado puede disponer el perdón fiscal, pero no el penal. Los fiscales del país tendrían que estar investigando ya, detrás de cada compra de CEDIN, cuál es el origen de esos fondos”.
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