Una jueza de la localidad neuquina de Chos Malal fue destituida por un jury por maltratar y hostigar a funcionarios y empleados judiciales por lo que se le aplicó la figura de «mal desempeño en sus funciones».
Graciela Rossi dejó así de dirigir el juzgado Civil de Chos Malal y el sindicato judicial SEJUN, que llevó el caso a la justicia, destacó que «el maltrato laboral es un flagelo que afecta a la clase trabajadora en general y que raras veces es denunciado».
La causa contra la jueza Rossi se tramitaba desde hace un año pero un jurado de enjuiciamiento dispuso la remoción de la magistrada que había sido suspendida en su cargo al considerar que quedó «configurada la causal de mal desempeño».
Si bien el fallo puede ser apelado por la defensa de Rossi los cargos fueron graves al punto que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, José Gerez, pidió su remoción.
En su alegato, el fiscal cuestionó a la jueza y apuntó que «la capacidad para ejercer el cargo de magistrado admite tres dimensiones: conocer el derecho, organizar la dependencia a su cargo y conducir el personal».
«Durante el juicio quedó plenamente demostrado que la acusada carece de la capacidad para conducir personal», sostuvo el fiscal y señaló que ello «constituye mal desempeño».
En ese marco, señaló que Rossi «ha manifestado conductas reprochables en el ámbito del organismo a su cargo, que resultan demostrativos de acoso laboral».
Gerez apuntó, según el texto que publicó hoy el diario Río Negro, que esa conducta «a lo largo de estos años creó ambiente de tensión, y son múltiples los expedientes administrativos que se han labrado como consecuencia de tales actitudes».
Los malos tratos, dijo, «quedaron reflejados en la innumerable cantidad de trabajadores que se fueron del juzgado civil, que incluye no sólo a empleados sino también a funcionarios».
Y, apuntó que Rossi «no está en condiciones de conducir un grupo humano, nunca tuvo esa condición porque desde que asumió en el cargo comenzaron los actos de acoso y hostigamiento a funcionarios. Ahí comenzó además el exilio de empleados por cuestiones de salud».
El abogado Gustavo Olivera, representante de Rossi, consideró que hubo «un proceso arbitrario» y «que la acusación carece de la descripción de los hechos que se me imputan».
En tanto, el gremio judicial SEJUN sostuvo que la remoción era «un triunfo de los judiciales de Neuquén y un paso fundamental en nuestra lucha para erradicar el maltrato laboral del Poder Judicial Neuquino».
«El maltrato laboral es un flagelo que afecta a la clase trabajadora en general y que raras veces es denunciado, justamente por la condición de sometimiento y vulnerabilidad en que se encuentra quien lo viene padeciendo», señaló el gremio.
En un comunicado, sostuvo que son pocas las denuncias en ese sentido «por temor a perder el trabajo y porque es difícil comprobarlo; ya que la manipulación y el maltrato se ejercen habitualmente desde un ámbito de poder y jerarquía y en ausencia de testigos».
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