Delegados gremiales y organismos de Derechos Humanos pidieron hoy al juez federal Sebastián Casanello que cite «en forma urgente» a declaración indagatoria a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y al senador nacional Aníbal Fernández, ex ministro de Interior y también ex jefe de Gabinete, por el supuesto espionaje político en el marco del denominado «Proyecto X».
Los querellantes en la causa basaron su pedido en que Garré y Fernández «tenían el control, responsabilidad y obligación de supervisión» de las «tareas ilícitas» llevadas a cabo por la Gendarmería Nacional y en atención a «la profundidad» y «la duración» resulta «notoria y manifiesta la responsabilidad que corresponde atribuir a quienes ejercían funciones ministeriales».
En la presentación, los organismos denunciaron «un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración» que «se viene desarrollando desde hace muchos años a lo largo y ancho de todo el país».
«Que persigue, investiga, infiltra y hace inteligencia, en especial, sobre organizaciones y referentes sociales, partidos políticos, organizaciones y dirigentes gremiales y sindicales, organismos de derechos humanos y religiosos con tareas de índole social», describieron.
Los pedidos de indagatoria fueron realizados por Liberpueblo, el Partido Obrero y la Asociación de Detenidos Desaparecidos, entre otros, bajo el patrocinio del abogado Patricio Gaynor, cuyos representantes se reunieron hoy con el juez Casanello.
En la causa se investiga si Gendarmería Nacional realizó espionaje interno a dirigentes sindicales, sociales y políticos y acopió información de sus movimientos y actividades en el llamado «Proyecto X», una base de datos que el titular de la fuerza, Héctor Schenone, reconoció que existía.
Pero Schenone dijo ante la Justicia que la información se obtenía a pedido de jueces en el marco de investigaciones.
En la causa judicial una pericia halló informes en computadoras que fueron secuestradas en Campo de Mayo y el diario «Clarín» difundió los documentos que dan cuenta del seguimiento a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a delegados de la empresa Kratf y al sacerdote «villero» José María Di Paola.
Los organismos señalaron que hay documentos que dan cuenta que el espionaje se realizó desde 2004, cuando Fernández era ministro de Justicia a cargo de Gendarmería, y hasta el año pasado, cuando la fuerza estaba bajo el mando de Garré, quien asumió a fines de 2010 el Ministerio de Seguridad.
«Es indudable que jamás se ha podido llevar adelante un plan ilegal de semejante envergadura, extensión territorial y temporal (el que, además, había sido denunciado, pública, mediática y judicialmente), sin contar con un expreso conocimiento y autorización por parte de quienes tenían responsabilidad política sobre dicha fuerza», señala el pedido de indagatoria.
«En atención a la profundidad, duración y extensión de las actividades presuntamente ilícitas que han venido desarrollando miembros de GNA, es que resulta notoria y manifiesta la responsabilidad que corresponde atribuir a quienes ejercían funciones ministeriales y que tenía el control, responsabilidad, y obligación de supervisión sobre el accionar de dicha fuerza», agregaron.
El pedido de indagatoria se suma al que días atrás presentaron los organismos para que también se cite a Schenone y otros siete comandantes de Gendarmería.
También hoy los abogados querellantes Gaynor y Miryam Bregman, los dirigentes de izquierda Vilma Ripoll, Cristian Castillo, y Néstor Pitrola, el dirigente de Kraft Javier Hermosilla, entre otros, se reunieron durante 40 minutos en los tribunales de Comodoro Py con el juez Casanello.
«Le expresamos la preocupación por las pruebas que había de espionaje. Es un tema muy alarmante en el que se debe avanzar rápidamente en la investigación. Le dijimos que es el tipo de informe que se hacía durante la última dictadura y no hay un solo caso donde se investiguen hechos de narcotráfico o trata de persona; es todo por hechos políticos», dijo el abogado Gaynor.
«Nos escuchó con mucha atención y nos dijo que era una causa importante pero que, por obvios motivos, no iba a anticipar nada de lo que iba a realizar», explicó.
El cura Di Paola, llamado afectuosamente «padre Pepe» por la gente humilde, manifestó su malestar por ser uno de los dirigentes sociales que fueron aparentemente espiados, y señaló que desde el Gobierno nacional «nos deben una explicación».
Reconocido por su actividad social en las villas de la Capital Federal, se mostró indignado por las presuntas tareas de inteligencia para reunir datos sobre su vida.
«¿Por qué estamos en la lista? ¿Por trabajar por los demás? En vez de investigar a los que hacen mal las cosas ponen la mirada en nosotros, que cumplimos un rol social», cuestionó.
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