El decreto 2.623 dispone que hasta el 30 de junio próximo podrán presentarse proyectos para la producción de determinados artículos en la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, bajo las condiciones del régimen de promoción industrial.
Los productos correspondientes son computadoras portátiles del tipo notebook y netbook, tabletas, módems, cámaras fotográficas digitales y lectores de libros electrónicos.
Según establece el artículo 2 del decreto, para los proyectos que resulten aprobados, «los derechos y obligaciones que en su consecuencia se asuman tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2023».
En los considerandos de la norma, se destaca que para el Estado nacional resulta «estratégica» la «implementación de políticas públicas dirigidas a la promoción de la industria, teniendo como horizonte un desarrollo local que permita una paulatina sustitución de importaciones de dichos bienes de alto contenido tecnológico».
También declama que la medida «permita que la industria nacional de equipos electrónicos aproveche el impulso que el Gobierno Nacional está otorgando a las industrias culturales, y, a través de las significativas sinergias existentes entre ambas políticas, se potencie la creación de mayor cantidad de empleos de elevada calificación y se incremente el acervo de capital tecnológico y humano argentino».
Por otra parte, el decreto 2.622, también publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, prorroga el régimen de importación de líneas de producción usadas, con una modificación sobre la unidad de evaluación, y la inclusión del compromiso de los beneficiarios de «no reducir la plantilla de personal, ni aplicar suspensiones sin goce de haberes durante el plazo de un año contado desde su puesta en marcha».
La prórroga para este régimen se extendió hasta el 30 de abril del 2013, y la nueva unidad de evaluación de cumplimiento del régimen suma a la Secretaría de Comercio Exterior y a la Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, ambas del Ministerio de Economía y Finanzas.
La presidencia de la unidad de evaluación se mantiene a cargo del Ministerio de Industria, así como la participación de la Secretaría de Comercio interior y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
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