La sanción aplicada por la Secretaría a cargo de Daniel Cameron también es extensiva a Enap Sipetrol, socia de YPF en ese yacimiento, que deberá pagar U$s 111.315.
La sanción corresponde a los resultados de una de las tantas investigaciones que el Gobierno inició contra el empresa a finales de 2011, cuando comenzó la ofensiva para sacar a Repsol del control de la petrolera.
Pese a que la mayoría de esas investigaciones se detuvo cuando YPF pasó a mano estatal, algunas continuaron, como un expediente por una deuda con la AFIP y los problemas con la información de esta concesión.
En octubre de 2011, la Secretaría de Energía informó a YPF y Enap Sipetrol que había «inconsistencias detectadas en los datos asociados a las instalaciones, que conllevan a una evaluación imprecisa de la integridad de los ductos» en la concesión del transporte de petróleo Batería Magallanes-Paso Fronterizo Danuel.
Asimismo, la Secretaría de Energía acusó a la empresa de «incumplimiento del reglamento» y «falta de un plan de gerenciamiento de integridad aceptable». «Se advirtió a la empresa que no puede deslindar su responsabilidad», escribieron los representantes de Cameron.
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