La Corte Suprema de Justicia se abocó hoy de inmediato al análisis del «per saltum» presentado por el Gobierno contra la prórroga de la cautelar que beneficia al Grupo Clarín y rechazó el pedido del multimedio para que se desestime «in limine» ese recurso.
Fuentes judiciales informaron que la Corte desestimó por «inadmisible» un planteo que hizo este viernes Grupo Clarín, Artear, Cablevisión, Multicanal, Radio Mitre y Teledigital Cable, para que el máximo tribunal rechazara sin analizar el recurso extraordinario por salto de instancia que pocas horas antes había presentado el Poder Ejecutivo en el marco de la causa por la aplicación de Ley de Medios.
«Por disposición del Tribunal corresponde desestimar por manifiestamente inadmisible la presentación intentada en estas actuaciones por el Grupo Clarín», indicó la resolución, que fue firmada por el secretario de la Corte, Cristian Abritta.
Así, tras la apelación que por la mañana interpuso el Gobierno, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi ya empezaron a analizar la presentación, cuya resolución llegaría recién el lunes o martes próximos.
Los otros tres jueces del tribunal, Carmen Argibay, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni están ausentes y recién se reincorporarán a sus funciones la próxima semana, por lo que hoy no se realizó un acuerdo formal.
Los voceros informaron que fue Lorenzetti quien convocó a sus pares presentes en el Palacio de Tribunales para tener una reunión informal y tomar un primer contacto con el expediente, luego de entregar copias del recurso de la Jefatura de Gabinete.
En primer término, la Corte tiene que evaluar la admisibilidad del planteo interpuesto por el Gobierno y luego, en caso de aceptar intervenir, resolver el pedido de revocatoria del fallo de la Cámara que dispuso la prórroga de la cautelar más allá de este viernes 7D, hasta que haya una «sentencia definitiva» en la causa.
A la hora de analizar la admisibilidad del «per saltum», los jueces de la Corte deberán contemplar que se acredite que se trata de una cuestión de «notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria», tal como indica la reglamentación aprobada el mes pasado por el Congreso.
Sin embargo, un eventual pronunciamiento del juez de primera instancia Horacio Alfonso, quien tiene a estudio la cuestión de fondo, antes que falle la Corte implicaría un cambio de situación.
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