El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, fue procesado por haber sido cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura militar. La Justicia Federal de Jujuy también imputó al ex administrador general de la firma, Alberto Lemos.
Ambos están procesados en dos causas, ya que el juez federal Fernando Luis Poviña entendió que los acusados facilitaron camionetas de la empresa para que los cautivos fueran trasladados a dependencias policiales y al centro clandestino de detención ¨Guerrero¨. El primer expediente se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados el 24 de marzo de 1976, entre los que se encontraba el ex intendente, Luis Arédez. El otro caso se vincula con la desaparición de 26 personas, secuestradas en lo que se conoce como la Noche del Apagón, en julio de ese mismo año.
La resolución dio por probados dos tipos de colaboración: el aporte material –fundado especialmente en los ¨vehículos¨–, y también el ¨dolo¨, es decir, la voluntad de colaborar con una dictadura que fundaba un nuevo orden económico ¨neoliberal¨ que beneficiaba su negocio. ¨La cooperación en cadena de los imputados tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma SAAIII –señala el escrito– contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente¨. El magistrado decidió embargar los bienes de Blaquier por once millones de pesos, y los de Lemos por cinco. Si bien ambos siguen en libertad, tienen prohibida su salida del país.
Apelarán, anunció la empresa
Mediante un comunicado, la primera plana del ingenio azucarero, del cual es propietario Carlos Pedro Blaquier, difundió que el ejecutivo y el ex administrador general, Alberto Lemos, apelarán la resolución judicial dictada por el juez federal de Jujuy, Dr. Fernando Poviña.
«Sobre la base de una interpretación sesgada del contexto histórico vigente hace cuarenta años y sin pruebas suficientes, el juez concluyó que Ledesma colaboró con la dictadura aportando camionetas para la detención ilegal de personas», señala la empresa en el escrito.
«Aunque respetuosa de la decisión judicial –continúa–, Ledesma considera que numerosas pruebas que aportó no fueron valoradas ni tenidas en cuenta. La empresa ratifica una vez más que nunca prestó camionetas para la detención ilegal de personas».
Allí, se anticipa que Ledesma «apelará la resolución judicial», y que «continuará colaborando plenamente con la Justicia como lo ha hecho hasta ahora para el esclarecimiento definitivo de los hechos aberrantes ocurridos en esa época».
«Al final de la investigación judicial quedará demostrado que somos inocentes, y que Ledesma y sus directivos nada tuvieron que ver con la dictadura», finaliza el comunicado.
Blaquier y Lemos están procesados por 26 hechos en los que habrían colaborado en la privación ilegítima de la libertad de personas, mediante la provisión de vehículos y la ejecución de un apagón del almubrado público y domiciliario para se llevaran a cabo las detenciones, entre los días 20 y 27 de julio de 1976, en los pueblos de Calilegua, Libertador San Martín y El Talar.
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