Con 135 votos a favor y 95 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en general el reglamento conocido como «per saltum».p En una rápisa sesióne special convocada por el oficialismo, la propuesta K logró ser sancionada. Con el recurso, será posible que la denuncia por inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios por parte del Grupo Clarín llegue directamente a la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de un «asunto de gravedad institucional«.
La iniciativa comenzó a ser debatida pasadas las 12, con la presencia de 129 diputados, que el oficialismo debió reunir entre sus propios legisladores y sus tradicionales aliados. La oposición bajó al recinto una vez que el Frente para la Victoria llegó al quórum necesario para abrir el debate.
Al hablar como miembro informante del dictamen de mayoría, la diputada nacional del Frente para la Victoria, Diana Conti, aseguró que el proyecto «es un instrumento de defensa democrática» y precisó que se utilizará «sólo en causas federales, jamás salteando a los superiores tribunales provinciales».
«Lo estamos planteando como un recurso con características de excepcionalidad, recogiendo la mejor doctrina», enfatizó en el recinto la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
Desde el radicalismo, en tanto, Mario Negri, anticipó el rechazo de la UCR al proyecto, al sostener que «no estamos frente a un hecho de gravedad institucional». «Estamos frente a un debate político», consideró.
A su vez, Negri se pronunció en contra de la reglamentación y le advirtió al kirchnerismo: «Lo que ahora les puede ser útil, puede ser la condena de ustedes cuando no estén en el Gobierno«, advirtió.
El diputado sostuvo que «hay una pelea frenética por el control, el dominio de los medios» y estimó que desde el oficialismo «no reconocen el pasado, creen que la historia del país se constituye cuando ellos llegan».
A su turno, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Jorge Yoma -que impulsó una norma similar durante la gestión de Carlos Menem– cuestionó la iniciativa y defendió su propio dictamen para que la Corte «siga determinando cuándo se configura la gravedad institucional».
Yoma, autor de otro de los dictámenes en minoría, se quejó de que se intente votar «a libro cerrado lo que viene del Senado» y señaló que «nunca la gravedad institucional fue un argumento para tutelar los derechos de los ciudadanos».
Por eso, dijo que el despacho que firmó junto a Natalia Gambaro (Frente Peronista), contempla que «la avocación jurisdiccional solo actúa a petición de los particulares cuando hay violación irreversible de derechos constitucionales».
El cordobés Ernesto Martínez (Fte. Cívico-FAP) le dijo al kirchnerismo que con la reglamentación del «per saltum», «se le está otorgando a la Corte armamento jurídico nuclear«. «El tiro de gracia contra Clarín les va a salir, pero se les va a volver en contra», vaticinó.
El proyecto para regular el recurso del «per saltum» está basado en un texto elaborado por Cristina Kirchner en 2002, cuando era senadora y fue impulsado en el Senado por el jefe del bloque K, Miguel Ángel Pichetto.
La iniciativa había recibido dictamen días atrás, en el marco de un plenario de comisiones que se desarrolló sin la presencia de los legisladores del radicalismo y del Frente Amplio Progresista (FAP), que se retiraron de la sala a poco de comenzada la reunión.
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