Fernando De la Rúa prestó su declaración indagatoria en el juicio que se le sigue, junto a otros siete imputados, por la llamada «ley banelco», es decir, el presunto pago de sobornos a senadores para aprobar la ley de reforma laboral en 2000.
«Vengo a demostrar mi inocencia y la inexistencia del hecho. Es falso que haya conocido estos hechos o que hubieran existido», dijo hoy el ex presidente ante el Tribunal Oral Federal 3. Así, negó la existencia de coimas y enfrentó la versión del «arrepentido» senador Mario Pontaquarto.
De la Rúa acusó a Hugo Moyano, titular de la CGT, de haber agitado «la idea de la corrupción». En abril de 2000, antes de la aprobación de la ley de flexibilidad laboral, el camionero había dicho que «no sería aprobada sin prebendas, produciendo así agravios a los senadores justicialistas».
«Mi gobierno fue un gobierno de gente honesta, nadie se quedó con nada y tampoco ha sido señalado por ello. Todos trabajaron con honestidad, incluso ‘Chacho’ Álvarez, mi amigo», sostuvo el ex presidente, aunque sentenció que «fue malo en lo personal e institucional que esa relación se deteriorara». Luegocalificó a Álvarez de «excelente estratega» político, por haber renunciado a su cargo en octubre de 2000. «No estuvo a la altura de los tiempos difíciles, no honró la amistad que nos unió, y olvidó el mandato popular», cuestionó.
De la Rúa criticó también a su ex jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, por haber dicho que «él se opuso» a la orientación que tuvo el trámite parlamentario de la ley: «Trató de alejarse diciendo ‘soy ajeno por completo'», comentó. Luego apuntó contra el ex senador peronista Antonio Cafiero, quien había dicho que cinco colegas de él en la Cámara Alta sabían de los sobornos: «Cafiero ha desestimado la responsabilidad de un senador serio y ha llevado la confusión a los tribunales», acotó.
Para De la Rúa, en definitiva, en torno al proyecto de ley se fue creando «una creencia general de que los hechos sucedieron», a través de las expresiones públicas de los nombrados que fueron «repetidas por la prensa, la radio y la televisión». Más aún, sostuvo que durante su gobierno, entre 1999 y 2001, fue «imitado más que con ironías, con burlas» en los medios. «Eso creó incertidumbre en momentos en que la investidura presidencial era tan importante», agregó.
Además del ex presidente, el ex secretario parlamentario y arrepentido Mario Pontaquarto, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Fernando De Santibañes y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique están acusados de haber pagado cinco millones de pesos en sobornos. Los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda están acusados de «cohecho pasivo», por supuestamente haberlos cobrado.