La decisión del gobierno nacional de declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima, ex Ciccone, trajo repercusiones automáticas. Esta mañana el senador kirchnerista Aníbal Fernández expresó la intención del oficialismo de darle tratamiento en el recinto la semana próxima al proyecto de ley, a contramano de la opinión de la oposición.
«El objetivo es que se trate rápidamente», dijo el legislador, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda que, junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales, iniciará la discusión de la iniciativa en el marco de un plenario de comisiones convocado para mañana a partir de las 11.
Según Aníbal, la aspiración del oficialismo es que el proyecto obtenga dictamen esta semana para ser tratado en el recinto la semana próxima. Luego deberá ser girado a Diputados para su discusión y posterior sanción definitiva. En diálogo con FM Milenium, señaló que lo que interesa es «que la empresa se quede en el lugar que corresponde porque la deuda que tiene con el Estado Nacional es muy grande».
«El gobierno nacional cortó por lo sano, tomó el toro por las astas y decidió dar por terminada esta situación y quedarse con una empresa que está en condiciones de hacerse cargo de la confección de billetes», afirmó el senador.
Soberanía estatal. Por su parte el ministro de Economía e Interventor de la empresa, Hernán Lorenzino, aseguró que el objetivo de la intervención y eventual expropiación, es «asegurar la soberanía del Estado en la producción y papeles de seguridad y desmantelar un plan sistemático para desguazar la Casa de la Moneda». «No le costará ni un peso al Estado», agregó en conferencia de prensa junto con la titular de Casa de la Moneda y subinterventora de la Compañía de Valores Sudamericana, Katya Daura.
En ese marco destacó el incremento de la producción de billetes en el último año por parte de la Casa de la Moneda y adelantó la intención del Gobierno de, una vez expropiada la ex Ciccone, «exportar billetes a otros países». El titular del Palacio de Hacienda aseguró también que «la idea de la intervención es asegurar la continuidad de las actividades de la compañía y garantizarle a los trabajadores todos sus derechos».
Fuente: Perfil