El ex presidente Fernando de la Rúa, dos de sus ministros y cuatro ex senadores comenzaron a ser juzgados hoy por el pago de sobornos para la aprobación en el Senado de la Ley de Reforma Laboral, en abril de 2000, en el primer caso de la historia argentina en que un ex mandatario es llevado a juicio por coimas.
El ex presidente asistió a la lectura del auto de elevación a juicio del fiscal Federico Delgado, con que abrió el debate y en el que junto a las 1.080 páginas del dictamen del juez instructor Daniel Rafecas se reconstruye la maniobra para sacar 5 millones de pesos de las arcas de la Side y pagar los sobornos.
Junto a De la Rúa, y sentados uno detrás de otro, se ubicaron los restantes acusados: el ex director de la Secretaría de Inteligencia, Fernando De Santibañes; los ex legisladores del PJ Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo, Ricardo Branda, el «arrepentido» Mario Pontaquarto y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
El escándalo, que en ese momento provocó una crisis institucional con la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez, llegó a juicio nueve años después, tras las relevaciones del arrepentido secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, también sentado en el banquillo de los acusados.
Imputaciones. De la Rúa y los demás funcionarios están acusados por «cohecho activo», en tanto los parlamentarios, de cohecho pasivo, todos delitos con penalidades previstas en el Código Penal de entre uno y seis años de prisión o reclusión, con inhabilitación especial a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
Contra lo que se esperaba, la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, sólo se ocupó en menos de la mitad de su capacidad y los jueces prohibieron la entrada de reporteros gráficos.
El único que accedió a hablar con la prensa a su llegada fue Pontaquarto, quien reiteró su intención de repetir ante el Tribunal Oral Federal 3, que integran los jueces Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons, su versión de los hechos, que realizará en dos jornadas de juicio, previstas para la semana próxima.
6,4 millones de dólares para coimas
El objetivo del pago de unos 5 millones de pesos/dólares entre senadores justicialistas, pero también radicales, era “facilitar la sanción de la ley de Reforma Laboral», una norma «existencial para el Gobierno» de Fernando de la Rúa, según considera la acusación leída este martes en el inicio del juicio.
Para ello, el 4 de abril de 2000 se realizó una reunión en el despacho de De la Rúa en la Casa de Gobierno, en la que participaron el fallecido ex senador radical José Genoud y su hombre de confianza, Mario Pontaquarto, junto a los senadores justicialistas Augusto Alasino (presidente del bloque) y Alberto Tell, que pedían «otras cosas para apoyar la ley», es decir, «dinero», interpretó el acusador.
A la reunión luego se sumó el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, el único negociador político del Gobierno» mientras que en el Congreso Nacional «todos sabían que Pontaquarto era Genoud, era el interlocutor entre ambos bloques y generaba confianza en el oficialismo y la oposición, por eso se lo invitó», se resumió en el escrito.
Tras obtener allí el aval presidencial, según la acusación, comenzó el operativo para obtener el dinero y el contacto con el titular de la SIDE, Fernando De Santibañes.
El 18 de abril de 2000, Pontaquarto retiró el dinero del tesoro de la SIDE, adonde llegó en su automóvil particular, fue recibido por una secretaria del ex «señor cinco» y lo llevaron a la Tesorería, de donde retiró el «dinero embalado», lo puso en el baúl de su coche y regresó al Congreso escoltado por la custodia personal de De Santiañes.
Pero ese día finalmente no se concretó la votación de la ley por la represión que hubo a una manifestación de gremios contrarios a su sanción, donde resultó herido de bala el secretario del gremio judicial Julio Piumato,
Pontaquarto, según relató el mismo en su declaración autoincriminatoria, se llevó el dinero a su casa donde lo escondió hasta el 26 de abril, cuando se hizo el reparto en la casa de otro imputado en la causa, el ex senador Emilio Cantarero, que fue apartado del juicio por sufrir alzheimer.
En la causa se dio por probado que días antes se habían retirado 6 millones 400 mil pesos de la cuenta bancaria de la SIDE y que ese dinero fue guardado en el tesoro, algo que ocurría por primera vez en el transcurso de ese año.
Discurso preparado
La principal novedad para este comienzo del debate oral, radica en que De la Rúa contrató una consultora de imagen que antes del inicio de la audiencia repartió un «paper» entre los periodistas acreditados donde delineó la que será su estrategia: desacreditar en todos los aspectos al arrepentido Pontaquarto y tildar a la causa judicial de «absurda» y «construida en base a rumores.
Sobre Pontaquarto, dice que se trata de «un arrepentimiento que se basa en un poco de interés económico, rencor y avidez de protagonismo. Nunca se le hicieron pericias psicológicas, en una grave omisión de prueba», además de aludir a sus «contradicciones».
Sobre el pago de sobornos, De la Rúa afirmó que «no está probado ningún elemento del cobro» y escribió que «no era necesario» pagar sobornos porque la mentada ley «se aprobó con 59 por 72» votos, «ocho más» de los dos tercios necesarios.
Además consideró que se trata de «una causa absurda, llena de contradicciones, construida en base a rumores que no tienen fundamentos» y que el primer juez que tuvo el caso, el ex magistrado Carlos Liporace, impulsó la causa «sin pruebas ni testigos, construida en un anónimo» y luego «en un arrepentido no creíble y con importantes deudas de juego».
«Yo mismo impulsé la denuncia en la Oficina Anticorrupción y levanté el secreto de Estado sobre la Side para que se pudiera investigar», acotó y concluyó: Pontaquarto «estafó al Estado y me incriminó sin pruebas». El juicio se reanudará el martes próximo a las 10.