La publicación del Decreto 751 del Poder Ejecutivo Nacional –que quitó los incentivos impositivos previstos por la Ley 19.640 para los productores de hidrocarburos de Tierra del Fuego- y la del Decreto 1277 -que autoriza al Gobierno nacional a intervenir en el sector petrolero, fijando precios, márgenes de ganancia de las empresas y revirtiendo concesiones- generó un marco de incertidumbre entre las petroleras asentadas en la isla. Todas están a la espera -al igual que los funcionarios de la gobernación que encabeza Fabiana Ríos- de la reglamentación final de las normas, sancionadas entre junio y agosto.
El caso más emblemático del momento que atraviesa la isla -cuya gobernación está en manos de Fabiana Ríos- es el del consorcio liderado por la francesa Total, e integrado también por Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall, que postergó el lanzamiento del proyecto offshore Vega Pléyade hasta que no se despejen las dudas en torno al alcance de los decretos firmados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La iniciativa, que presupuesta una inversión de más de u$s 1.500 millones en su etapa de construcción, apunta a poner en producción un campo gasífero en las aguas de la cuenca Austral -también incluye la explotación del área Leo-, a fin de incorporar entre 18 y 32 billones de metros cúbicos (Gm3) del fluido -es decir, 32.000 millones de metros cúbicos (MMm3)-, de acuerdo con los datos que maneja la Secretaría de Energía.
“El proyecto en Vega Pléyade-Leo prevé la perforación de tres pozos horizontales en aguas profundas, la instalación de una nueva plataforma productivas y el tendido de un gasoducto de alrededor de 80 kilómetros (Km) hasta la planta compresora de Cullen”, precisaron en la cartera que dirige Daniel Cameron. Desde las empresas no realizaron comentarios sobre la iniciativa, que tenía previsto entrar en producción en 2014.
Sin embargo, como consecuencia de la quita de los beneficios fiscales de los que gozaban las petroleras -que le reportará al Estado nacional ingresos extras por u$s 1.000 millones anuales- y de la incertidumbre generada en el sector a raíz del Decreto 1277 -que supuso una avanzada intervencionista de Nación sobre el negocio petrolero- el consorcio debió reestudiar la factibilidad económica del proyecto, que iba a ser lanzado oficialmente durante el segundo semestre del año.
(Fuente textual: www.elinversor.com)
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